CARLOS HERRERA
Una nota de prensa afirma que la cantidad de dinero que circula en la economía boliviana aumentó once veces desde el 2005 hasta nuestros días. Veamos por qué. Es cierto que una parte del dinero proviene de los buenos precios de las materias primas en el mercado mundial. Nosotros vendemos gas a Brasil y Argentina y vendemos también productos no tradicionales a los mercados mundiales. Sin embargo de ello, un incremento del 1000% en la cantidad del dinero circulante sólo es posible explicarlo si el Banco Central aumenta la oferta de dinero sin un correlato productivo, algo no muy difícil de creer si tomamos en cuenta la subordinación del Banco Central a las políticas económicas expansivas del gobierno actual.
Ahora bien, un incremento de tal magnitud es causa directa de inflación y el daño mas grande que un gobernante le puede hacer al valor y la estabilidad de su moneda. Es sabido que si se rompe el equilibrio entre la oferta y la demanda (bienes que se producen y dinero que circula en la economía) la consecuencia inmediata es la subida de precios. Es lo que se denomina “inflación”.
Entonces ¿Por qué igual los gobiernos populistas hacen eso si aquello es contraproducente? Pues porque como buenos demagogos que son, juegan al engañoso juego de simular el crecimiento. ¿Cómo es esto? Porque enseñan el consumo devenido del dinero abundante (que ellos mismos introducen mediante una emisión sin respaldo productivo) como la prueba definitiva de que la economía crece. Lo que no le dicen a la gente es que el verdadero crecimiento deviene de un aumento real de la capacidad del país de producir bienes y servicios, no del mero aumento del consumo, pues como ya se dijo éste puede ser estimulado de manera artificial mediante la emisión inorgánica de dinero.
Y como es lógico suponer, tampoco le explican a la gente sobre las consecuencias de tal juego. Veamos cuáles por ejemplo. Un impacto directo en la inversión y la generación de empleo, porque el cálculo de rentabilidad de los emprendimientos se dificulta enormemente ya que las proyecciones pueden o no ser ciertas, lo que a su vez le cierra el paso a emprendimientos que en circunstancias normales pudieran ser rentables.
En otras palabras, cuando el Estado se mete en la economía a “estimularla” con dinero trucho, nada se sabe de cierto con respecto a los buenos negocios porque la demanda y la oferta se distorsionan.
En tales circunstancias (dinero depreciándose rápido o precios subiendo, como se quiera) las personas dejan de ahorrar en los bancos y dirigen sus ahorros a la compra de casas o vehículos, buscando la forma de protegerlos, y ahí es cuando una sociedad asigna mal sus ahorros, porque estos debieran servir (si de una economía sana hablamos) para que los empresarios y emprendedores los tomen a préstamo de los bancos para la compra de bienes de capital que sirvan para aumentar la producción, que como se sabe es la única y verdadera fuente de riqueza (porque la venta de un bien concreto trae dinero) al contrario de las políticas monetarias demagógicas que sólo consisten en aumentar la masa monetaria en circulación.
Esto último sólo trae inflación, y es, además, lo que ocasiona las burbujas económicas, como la que ocurre en Santa Cruz con las propiedades. Además, meter dinero carente de respaldo (es decir, fruto de la pura emisión y no del aumento de la producción) en la economía, como hace el populismo, beneficia exclusivamente a los que primero reciben tal dinero (gobierno y bancos) porque cuando les llega a los pobres o a los trabajadores comunes, los últimos de la cadena, ya los precios han subido y lo que parecía ser un ingreso mayor, deja de serlo. Es también una forma encubierta de depreciar el valor del trabajo, porque la gente trabaja lo mismo y compra menos con su salario.
Ahora bien, si a esto le agregamos el cóctel de leyes y decretos políticos típicos de la política económica populista y cuya intencionalidad es traspasar recursos de unos bolsillos a otros pero por obligación legal, no voluntaria (Ley de Servicios Financieros, que promueve cupos de asignación de créditos y precios de las tasas de interés, o la Ley que establece porcentajes obligados de inversión a las AFPs de los ahorros de la jubilación de los bolivianos -básicamente para la compra de títulos al Estado- o los aportes solidarios para las pensiones de los que no cotizaron nunca, etc.) la cosa se complican más aún, porque se fuerza una redistribución que nada tiene que ver con la eficiencia en la asignación de los recursos, de manera que los mismos pueden diluirse de una forma improductiva.
No hay que dejarle paso al engaño entonces, los Estados por lo general (aunque así lo pregonen) no suelen ni distribuir ni asignar equitativamente los recursos, sino que los utilizan generalmente para crearse una base política, es decir, clientela política. Un caso típico de esto último es la Ley que expropia las concesiones mineras a sus dueños originales para asignarlas a los cooperativistas con un fin estrictamente político, obtener de aquellos sus votos. Es hora ya que la gente entienda que el fenómeno de la política económica intervencionista y supuestamente redistribuidora, es la verdadera causa de la pobreza en muchos países.
No se dice con esto que el Estado no tiene un rol que jugar en la economía, sino que el mismo debe ser subsidiario, es decir, de regulación y apoyo al buen funcionamiento de los mercados, nunca disponiendo del patrimonio o los ahorros de los ciudadanos de manera abusiva e irresponsable. Eso fue precisamente (un Estado regulador, no entrometido) lo que ayudó a que la sociedad boliviana incrementase significativamente su producción energética y de productos no tradicionales entre los años 90 y 2005 (alimentos, minerales, manufacturas, etc.) un fenómeno bendecido además por una extraordinaria bonanza de precios internacionales.
Abogado
