CARLOS HERRERA
(IV fragmento del libro inédito "Apuntes sobre la Sociedad Abierta")
¿Qué se entiende por “orden democrático”? En general la expresión está vinculada con las ideas de protección de los derechos de las personas, participación popular en la elección de las autoridades, forma de gobierno con separación de poderes, igualdad de las personas ante la ley y descentralización del Poder Político.
Vamos en orden. ¿De donde viene la idea del respeto y protección de los derechos de las personas? Del pensamiento liberal que inspiró la revolución francesa y la americana (siglo XVIII) aunque en honor a la verdad ya los filósofos escolásticos hablaron de los derechos naturales de las personas, unos derechos con los que la persona llega al mundo y que son por tanto anteriores a cualquier pacto social. Pero en todo caso fueron los filósofos liberales (Locke y Montesquieu) los que le dieron carta de ciudadanía a estas ideas, cuando delinearon los principios de la sociedad de hombres libres, es decir, aquellas sociedades donde la libertad y los derechos básicos (a la vida, a la libertad de trabajo, a la seguridad, etc.) constituyen el núcleo del orden normativo.
En cuanto a la participación popular en la elección de las autoridades políticas, la semilla de esta institución democrática viene de la Grecia antigua, donde algunas autoridades eran elegidas en asambleas abiertas a la participación ciudadana. Por eso hoy en casi todas las Democracias modernas existen unas normas constitucionales que formalizan la idea de la igualdad de las personas ante la ley, lo que hace posible (entre otras cosas) que todos los ciudadanos mayores de edad puedan participar en la elección de sus autoridades y por su intermedio ejercer el poder, si bien de modo indirecto.
Ahora bien ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una forma de gobierno con separación de poderes? Pues a la forma republicana de gobierno y a sus instituciones políticas (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). ¿Para qué sirven estas instituciones políticas? Son como el esqueleto para el cuerpo humano, la estructura sobre la que descansa la musculatura del Estado de Derecho Democrático. Una musculatura que se nutre de las leyes democráticas, que a su vez vienen determinadas por una norma jurídica básica denominada Constitución Política que formula los valores y los principios que regulan todo el edificio jurídico e institucional democrático.
Hoy en día no hay Constitución democrática que no sustente la forma de gobierno con separación de poderes. Se le atribuye al filósofo inglés John Locke la primera propuesta de organización del Estado en este sentido, y al filósofo francés Montesquieu haberla concebido en su realidad actual, allá por el siglo XVIII. Esta división responde directamente a la filosofía liberal, muy preocupada por defender las libertades individuales frente al poder absolutista.
Pero la idea que inspira la división de poderes no responde exclusivamente al deseo de crear un orden que impida la concentración del poder en pocas manos, sino también la de crear, mediante el establecimiento de competencias diferentes entre los poderes públicos, un sistema de contrapesos que implique un límite al poder de cada cual. Todo esto también para hacer realidad una mayor democratización del Poder Político.
Las Democracias son en realidad un tejido de instituciones políticas y jurídicas que van mucho más allá de los tres poderes mencionados, porque incluyen Municipios, Gobernaciones, Instituciones Descentralizadas, etc. cuya función es diseminar lo más posible la participación ciudadana en las decisiones políticas y administrativas, lo que en otras palabras quiere decir evitar la concentración del Poder en pocas manos.
¿Para qué sirven, en rigor, las instituciones políticas y jurídicas de una Democracia? Para regular el ejercicio del poder, para ordenar la sociedad y para facilitar la participación social en el ejercicio del poder. Es el carácter electivo de sus miembros lo que hace posible esta última afirmación. Las autoridades políticas de un régimen democrático deben ser elegidas por sufragio general. Se delega entonces, a unas personas elegidas en comicios abiertos, una representación temporal que los habilita para tomar decisiones en nombre de la comunidad. Las instituciones empero tienen varias funciones (no sólo repartir el Poder Público) también sirven para dar servicios a la sociedad. Es decir, no sólo responden a la idea de la participación política, sirven lo mismo para la defensa de los derechos generales, organizar la administración estatal, imponer el orden público o regular la actividad económica.
Pero una cosa es tener instituciones que cumplen una función y otra muy diferente tener instituciones sólo en las formas, algo común en los países subdesarrollados. Hay muchos ejemplos de países donde la historia democrática es la historia de una institucionalidad fallida. Muchas son las razones para que eso suceda, pero lo que tal vez pesa más es la razón cultural. Ya dijimos antes que el precedente histórico de las Democracias latinoamericanas fue el autoritarismo y el gobierno vertical. En otras palabras, el ejercicio discrecional del poder, tanto en la época de la Colonia y la República, como en el tiempo de las culturas nativas (esto último porque no obstante el aura de idealización que ha prevalecido en su estudio, es incuestionable que fueron sociedades consagradas al privilegio de una minoría, y donde el poder se ejercía sin consultar al pueblo).
Lo anterior explica por qué en muchos países latinoamericanos el acto de darse normas fue entonces más un gesto formal que una práctica verdadera, ya que en los hechos prevaleció nomás la conducta abusiva del autoritarismo, como era la tradición; es decir, no el imperio de la norma sino la de la fuerza y la arbitrariedad. No la lógica de la negociación y la participación, sino la de la imposición y la negación, que nunca forman sociedades progresistas sino más bien conservadoras.
Esta carencia de valores democráticos entre muchos pueblos americanos no es para tomarse a la ligera, porque sus consecuencias son graves. La Democracia es un orden que responde a una idea de racionalización de la vida, de la que devienen asuntos tan importantes como los derechos individuales, la participación social en los asuntos públicos, o la elección de las autoridades. Jamás se alcanzan los beneficios de tal organización por el sólo hecho de adoptar sus formas exteriores. De lo que se trata es de adoptar más bien (en la vida y la conducta diaria) los valores y los principios democráticos, es decir, se trata de vivir en un orden basado en la racionalidad y con apego estricto de la legalidad que se desprende de las normas democráticas.
Porque la Democracia, o mejor, el “orden democrático”, sólo enseña sus beneficios cuando se lo asume como forma de vida, no como un asunto de apariencias. De ahí lo funesto de esta característica tan latina de vivir una simulación democrática y en los hechos prostituir las instituciones hasta convertirlas en unos feudos egocéntricos, unos entes donde prevalece la vocación de la mediocridad y del asalto a los bolsillos populares.
Finalmente, en la perspectiva del desarrollo económico de los pueblos, las instituciones democráticas funcionan como un soporte de apoyo a los esfuerzos productivos privados. Ejemplo: No hay mejor garante para que los acuerdos firmados entre las personas se cumplan rigurosamente, que el Poder Judicial cuando aplica los códigos y las normas con rigor. Esto hace posible también los grandes emprendimientos comerciales, esto es, que el gran capital (responsable del empleo a gran escala) se mueva con soltura.
Otro aspecto importante del tema del tema “orden democrático” es el vinculado con el principio de la representación política. En un verdadero sistema democrático las decisiones políticas y económicas más importantes son tomadas por personas a quienes se les delega esta facultad mediante una elección abierta. Se forma así un cuerpo que tiene la misión de gobernar en nombre de la sociedad. Estas atribuciones van desde la administración del Estado hasta la de generar normas de conducta y de organización para la propia sociedad. Es decir, que el rumbo político y económico que la nación asume es decidido en última instancia por el Gobierno y el Parlamento elegidos.
Anotemos que esta dirección, en contra de lo que corrientemente se piensa, no está desvinculada de la voluntad popular, porque esas personas han sido elegidas en atención a unas propuestas previas que la sociedad ha vinculado con sus propios intereses. Esta idea de la delegación del ejercicio del poder a algunas personas no constituye empero un cheque en blanco para ellas, porque las autoridades democráticas están obligadas, lo mismo que los ciudadanos normales, a cumplir la legalidad constitucional y democrática.
Una auténtica Democracia sólo puede funcionar entonces mediante la técnica de la representación política. Ello responde a dos razones primordiales: la primera que es mejor para la sociedad que unos cuadros de profesionales tomen las decisiones cuando los asuntos son de de gran complejidad; y la segunda por la imposibilidad material de que todos puedan participar en las miles de decisiones que los Estados deben tomar diariamente. Porque ¿Qué puede saber el pueblo común, por ejemplo, sobre cuáles las mejores decisiones en política energética? Para eso están los políticos y los técnicos, al pueblo común le toca elegir a los políticos correctos, ésa es su mayor responsabilidad, ya que los malos gobiernos no devienen de los defectos del sistema de “representación política”, como se quiere hacer creer a las masas, ni de las imperfecciones de la propia Democracia, sino que se deben más a la mala elección de los que se nombran como autoridades. Es decir, si los pueblos eligen gobernantes ignorantes y corruptos, eso no es culpa de la Democracia ni del sistema de “representación política” como tal, se debe simplemente a la mala elección que hacen los pueblos cuando acuden a las urnas.
La “representación política” es más bien la técnica que define a una verdadera Democracia. Por eso no es cierto tampoco, como afirma el populismo latinoamericano actual, que aquella práctica de movilizar grupos de choque para presionar autoridades sea una nueva modalidad democrática: la de la Democracia Participativa, como le llaman. Esa interpretación no es más que una vulgar manipulación y debe ser rechazada de plano.
De lo dicho anteriormente se deriva otro principio importante del “orden democrático”: la obligación de acatar las decisiones adoptadas por aquellos representantes elegidos por mayoría. Deben ser acatadas sus decisiones porque aquellos han sido investidos, sin coacción alguna, de un poder otorgado voluntariamente y en uso de la atribución de la soberanía popular, que dice que el pueblo tiene el legítimo derecho de decidir sobre sus asuntos.
De lo anterior deducimos también que la materialización última de aquella voluntad popular que los representantes traducen, la constituyen las leyes. Son éstas y no la voluntad de los gobernantes (como era el caso en los regímenes absolutistas del pasado) las que deben regir el orden social. No acatar las leyes supone por lo mismo no aceptar la voluntad de la sociedad. No se dice con esto que las leyes sean perfectas e inmutables, sino que responden a la más evolucionada forma que asumen los acuerdos políticos en las sociedades modernas. Acuerdos que por otra parte pueden modificarse y cambiar con la evolución de los tiempos y las necesidades sociales. Pero en buenas cuentas si de una Democracia saludable hablamos, el referente último sobre la organización del Estado y la conducta de las personas viene necesariamente de la ley, que no es más que un acuerdo adoptado a través de la técnica de la representación política.
Buenos o malos estos acuerdos, deben sin embargo gozar de un carácter de estabilidad, hasta cuando otros acuerdos los renueven o modifiquen. La práctica de revertir esos acuerdos o esas leyes a través de la presión en las calles, o mediante la fuerza bruta, no tiene nada de democrático y más bien comporta el socavamiento de tal régimen de gobierno.
Un otro aspecto del tema “orden democrático” es el vinculado con la descentralización del poder. Tenemos aún una idea rudimentaria sobre el tema de la participación de la sociedad en los asuntos públicos. La elección de las autoridades es sólo una faceta del tema, si bien importante, pero la verdadera participación se la realiza a través de la descentralización del poder, esto es, a través de la estratificación de los niveles de poder públicos.Descentralizar el poder es crear un orden de instituciones que vivan y trabajen cerca de la sociedad. La municipalización del país es el ejemplo más visible de esto. Transferir la responsabilidad de algunos asuntos a la sociedad lo más que se pueda es construir una verdadera Democracia. En las sociedades democráticas modernas hay por lo menos tres niveles de poder claramente definidos: un poder nacional (gobiernos y parlamentos) un poder regional político (prefecturas o gobernaciones) y un poder local de orden administrativo (municipios).
La descentralización del poder parte de una idea básica, acercar éste a la sociedad para lograr dos cosas: mayor libertad de decisión y control directo del mismo. Todo eso inspirado en la idea de dar a los pueblos una mayor y más directa participación en sus propios asuntos públicos. El concepto de “orden democrático”, entonces, puede vincularse con varias ideas: protección del derecho individual; participación en la toma de decisiones políticas a través de la figura de la representación política; régimen de gobierno con división de poderes; acatamiento de la voluntad mayoritaria expresada en las leyes, y descentralización del Poder político, entre otras.
