EDUARDO BOWLES
Con el aumento salarial decretado esta semana, el Gobierno puede haber marcado el hito que faltaba para acelerar el deterioro de la economía nacional, que hasta el momento mantenía la cordura necesaria que nos había evitado llegar al extremo de Brasil o en el peor de los casos, de Venezuela. Las autoridades aseguran que jamás tocaremos esos extremos, pero lamentablemente están haciendo todo para conseguirlo, pues todavía no se observa la más mínima señal de austeridad, elemento que debería estar señalando el camino de la recuperación.
No hace falta mirar a los vecinos, ni hacer referencia al populismo o socialismo del Siglo XXI para entender lo que puede ocurrir en Bolivia si el Gobierno desordena sus finanzas y comienza a satisfacer los caprichos de todos los sindicatos que de forma indolente zarandean al Estado con el objetivo de sacar su tajada en tiempos de crisis, la mejor época para hacer politiquería. Solo es necesario ponernos frente al espejo de nuestra historia reciente y analizar los factores que condujeron al desastre de la hiperinflación de principios de los años 80.
Si bien la situación económica de aquellos tiempos era peor, pues los precios de las materias primas habían caído a mínimos históricos, el factor político es casi idéntico, caracterizado por un régimen debilitado, de baja credibilidad y ávido por ganarse la confianza de las masas y especialmente de las organizaciones sociales que reaccionaron con una angurria prebendalista que dejó al erario público en la quiebra.
En el gobierno reconocen -y así lo dicen los discursos posteriores al acuerdo con la COB, que la situación no está para aumentos del nivel que han aprobado, pero ambos sectores prácticamente se lavan las manos sobre las consecuencias que esta medida puede acarrear, como despidos masivos, cierres de empresas, incremento de la informalidad y por supuesto, baja de la producción, desempleo, escasez y todos los fenómenos que vimos entre 1982 y 1985 que y que hoy ponen al borde del colapso a Venezuela.
Los empresarios nacionales han reaccionado con angustia frente a este anuncio de incremento, que a todas luces consideran irracional, pues además de soportar este jalón de atrás, deben lidiar con todas las acechanzas típicas de la crisis, como aumento del contrabando, mayor presión fiscal de un Estado ávido de ingresos, mercados contraídos y poca disponibilidad de recursos financieros.
A la carga del incremento salarial hay que sumarle el aumento de la renta dignidad, ¿qué viene después? ¿el doble aguinaldo? El Gobierno buscará cualquier instrumento que tenga a mano para tratar de elevar la popularidad, deteriorada por la corrupción, el nepotismo, las obras que se caen en pedazos, la persecución y los trucos reeleccionistas que llevan a un derroche insulso como las nuevas elecciones judiciales. Está claro que la prioridad no es la crisis, tampoco la salud de la economía ni el bienestar de los ciudadanos amenazados por nubarrones muy oscuros. El verdadero objetivo es conservar un poder que se vuelve cada día más hueco.
Tomado de eldia.com.bo