EDUARDO BOWLES
La notoria reducción de la superficie de cultivo de productos alimenticios como el arroz, trigo y maíz en Santa Cruz, se considera un hecho preocupante que amerita la atención de las autoridades pertinentes. La advertencia ha surgido desde la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Gobernación cruceña, señalando que la reducción de las áreas de cultivo mencionadas, constituyen el efecto directo del contrabando de estos granos provenientes de los países vecinos, principalmente Argentina y Brasil. De esta manera, se pone sobre la mesa del debate la necesidad no solo de un efectivo control aduanero en las fronteras, sino sobre todo del control responsable en el mercado interno.
Esto quiere decir que no resulta suficiente la labor realizada en los puestos aduaneros, tarea que -por otra parte- está siendo coordinada entre las autoridades correspondientes y los representantes de los agropecuarios cruceños. Los esfuerzos para evitar que el contrabando de los productos alimenticios logre sus fines, deben dirigirse también a los centros de expendio, donde las tareas de control, decomisos y sanciones a los infractores deben estar acompañadas de la fuerza disuasoria de la ley. En este sentido, cobran relevancia las funciones de las autoridades departamentales y municipales del ramo, una vez que advertidas están obligadas a defender la estabilidad de la producción nacional.
De acuerdo a los datos proporcionados por la Gobernación cruceña, los efectos del contrabando de granos han incidido en la caída de hasta un cincuenta por ciento de la producción de trigo, arroz y maíz en el departamento. El maíz, por ejemplo, ha sufrido una disminución de setenta mil hectáreas cultivadas en relación a la gestión pasada. En similar situación se encuentra la producción de trigo, que este año alcanzó a setenta y cinco mil hectáreas cultivadas, en relación a las ciento cincuenta mil hectáreas cultivadas el año pasado. El arroz, por su parte, ha reducido la superficie cultivada a ochenta y cinco mil hectáreas, en relación a las anteriores ciento dieciséis mil hectáreas.
Este marcado desincentivo a la producción acusa una tendencia a la disminución del Producto Interno Bruto no solo del departamento sino también del país. Entre otros efectos del contrabando se debe mencionar a la falta de liquidez y la pérdida de las fuentes de trabajo por permitir se consuma productos que ingresan de manera ilegal, atentando contra la producción nacional. Los efectos nocivos que se ciernen sobre la economía nacional deberían movilizar con urgencia a las autoridades departamentales y locales, en coordinación con las nacionales, para oponer una y más barreras al contrabando de productos alimenticios extranjeros. Se trata de una clara necesidad vital.
En el contexto de la seguridad alimentaria, con factores negativos como el cambio climático y los fenómenos cíclicos, lo menos que se espera es una acción coordinada de los gobiernos departamentales, ediles y nacionales sobre el contrabando. No se trata tan solo del control del ingreso ilegal de granos al país en las fronteras, sino que corresponde ir todavía más allá. La vigilancia del expendio de los productos alimenticios ilegales se debería ejercer en los centros de expendio del mercado interno del país, de manera amplia, coordinada, irrestricta y rigurosa. De lo contrario, no solo se facilita lo ilegal, sino que se coloca en grave riesgo de colapso a la producción nacional.
Tomado de eldia.com.bo
