EDUARDO BOWLES
Hay gente sorprendida por el escándalo que se ha hecho del asesinato de un hombre en la plaza 24 de Septiembre. “Por qué sorprenderse si matan en todos lados”, dicen los críticos de esta reacción ciudadana que no deja de tener su componente pueblerino que a veces olvida que habitamos una metrópoli de casi dos millones de habitantes y con una de las manchas urbanas más extendidas del mundo en relación a su demografía.
El problema es que ese crimen fue cometido en la calle Libertad, en la misma dirección del Comando de la Policía, que concentra el mayor número de uniformados de la capital. Si esto ocurre en pleno centro, no queremos sospechar lo que puede pasar en los barrios alejados, donde la presencia policial es escasa o nula y donde existen comisarías bien equipadas, pero absolutamente desiertas.
Tampoco se trata de hacer aspavientos en relación a un hecho aislado; nadie quiere exagerar y mucho menos con la inseguridad. Suficiente psicosis ya tiene en la cabeza la gente como para agregarle temor. Simplemente hay que tomar hechos concretos que hablan con mucha claridad de la absoluta indefensión en la que se encuentra el ciudadano, no solo de Santa Cruz, sino de todo el país, por culpa de la ineficiencia, de la falta de recursos, pero también de la ausencia de profesionalismo de nuestra Policía, que no consigue librarse de los estigmas de la corrupción y la politización.
El asesinato de la plaza ocurre pocos días después de la muerte de dos mujeres –una en El Alto y otra en Santa Cruz-, a manos de dos sujetos que todavía no han sido aprehendidos por razones que despiertan muchas sospechas, sobre todo, por el supuesto encubrimiento hacia los dos prófugos.
Tomemos el caso de Hanalí Huaycho, que ha conmocionado a la opinión pública nacional. Su muerte fue apenas el final de un prolongado calvario que le provocó su exesposo, el teniente Jorge Clavijo y que fue agravado por la criminal indiferencia de la institución policial, que en reiteradas ocasiones ignoró las palizas que recibía la periodista y fue incapaz de actuar para prevenir un fatal desenlace. La prensa ha podido registrar cómo los colegas de Clavijo, que ahora lo están escondiendo, según lo denuncia la propia Fiscalía, fueron indolentes con la mujer y su pequeño hijo.
Es verdad que tanto El Alto como Santa Cruz, las dos urbes de mayor crecimiento en el país adolecen de graves falencias y carencias en materia de seguridad, que reiteradamente son pasadas por alto por un Estado que apenas atina a elaborar leyes y proyectos que no funcionan y que nadie pone en marcha. Pero también es cierto que al Gobierno no tiene el menor interés de remediar lo que ocurre con nuestra Policía, una institución tan cancerígena como aquel grupo de extorsionadores, que dicho sea de paso, actuaron con abundante cooperación policial.
Las cosas ocurren en las narices de la Policía y ésta no actúa por falta de medios, es verdad, pero también porque las ignora, las tolera o porque forman parte de su propia “cultura institucional” anquilosada en estructuras espurias que es necesario sacudir. No se trata de darles motos, colocar cámaras o crear nuevas unidades especiales entrenadas en Cuba o Venezuela. Es cuestión de hacer una revolución moral dentro de la entidad.
Tomado de eldia.com.bo
