FERNANDO MOLINA
Como todo el mundo está ocupado del aspecto político de la crisis venezolana, se le presta poca atención a los graves problemas económicos que tendrá que enfrentar un Gobierno chavista sin Chávez. Problemas que el caudillo podía capear, pero que parecen agigantarse en relación a la talla (“S”) de sus sucesores.
Fueron éstos, sin embargo, los que acaban de llevar a tratamiento la economía venezolana, también enferma aunque con una condición crónica: su dependencia del petróleo. Venezuela recibe más o menos 70.000 millones de dólares anuales por la exportación de crudo, pero como no sabe producir casi nada más, al mismo tiempo debe gastar alrededor de 56.000 millones para comprar en el extranjero lo que consume. El resultado es obvio: la divisa estadounidense escasea y entonces, como cualquier otra mercancía en esta situación, tiende a subir de precio, es decir, a costar más expresada en bolívares. Lo que es lo mismo que decir que los bolívares tienden a perder precio respecto del dólar, a devaluarse.
Pero estas tendencias no pueden manifestarse oficialmente en una economía como la venezolana, férreamente controlada por un Estado al que, por razones que explicaremos más adelante, le interesa contener la devaluación. El Estado, entonces, fija un tipo de cambio oficial que no las expresa. Pero echando a las fuerzas de la oferta y la demanda por la puerta sólo se logra que vuelvan por la ventana. Pronto aparece un mercado negro en el que éstas pueden expresarse abiertamente. La compra y venta de dólares en el mercado negro venezolano se hacía, hasta hace un par de semanas, por el doble que el precio oficial.
Como consecuencia de esta enorme diferencia, los dólares se desviaban hacia el mercado negro y el Estado quedaba sin divisas para pagar sus deudas (entre otras cosas, Venezuela debe 80.000 millones a las empresas extranjeras que Chávez nacionalizó). Para evitar la falta de dólares y el negocio fraudulento del cambio, Venezuela aprobó una compleja normativa que regula el manejo de las divisas. Esta normativa no pudo impedir que los exportadores privados hagan dinero en el mercado negro, pero obligó a la principal exportadora pública, la petrolera PDVSA, a entregar sus dólares a casi la mitad del precio que realmente tenían. Con esta menguada suma PDVSA debía encarar el altísimo costo de vida del país, que se debe, entre otras cosas, a la carestía de las mercancías, como consecuencia, ya lo sabemos, de que no hay suficientes divisas para importarlas. Además, era difícil para el Gobierno, presionado por todos lados por los demandantes de dólares, devolverle a PDVSA los que ésta necesitaba para realizar sus propias importaciones y pagar sus propias deudas.
Dicha situación obligó al Gobierno de Caracas a devaluar el bolívar varias veces en los últimos años, aunque siempre trató de hacerlo lo más lenta y ajustadamente que podía; sin embargo, la última devaluación de hace un par de semanas ascendió al 46%. A partir de ese momento, el Gobierno paga 46% más por los dólares que le llegan, lo que le facilita el obtenerlos y entregar una más justa compensación a PDVSA. Pero también elevó en 46% la deuda (expresada en bolívares) que el país tiene con el extranjero.
El incremento de la deuda externa (expresada en bolívares) es una de las razones por las que el Gobierno venezolano era, y es, reluctante a devaluar. La otra razón es mucho más grave: la devaluación aumenta la cantidad de moneda local que llega al público que comienza a vender dólares según la nueva cotización. Hoy cada vendedor de dólares obtiene por ellos 46% más bolívares que en el pasado. Esto aumenta la propensión a gastar, lo que desabastece los mercados de bienes (bienes ya de suyo difíciles de importar, como hemos dicho). Entonces, éstos suben de precio.
Además, ahora los importadores tienen que invertir 46% más bolívares para obtener los dólares necesarios para traer al país lo mismo que importaron en 2012 (este cálculo está sobre-simplificado, pero vale para mi propósito). Es obvio entonces que, para compensar esta pérdida, subirán sus precios, alimentando la inflación.
En suma, la devaluación ha sido, y es, una decisión difícil para el Gobierno porque tiene un efecto directo sobre el alza de precios, que en este momento ya tiene un ritmo muy acelerado, de alrededor de un 20% anual.
Este ritmo se origina en el aumento del gasto público aprobado por los sucesivos gobiernos chavistas, en su afán de redistribuir la riqueza y formar un enorme aparato estatal. Un mayor gasto público eleva el nivel del consumo y, entonces, hace más dificultoso abastecer el mercado. El desabastecimiento, a su vez, aumenta los precios de los productos. Un círculo infernal.
Venezuela sólo puede salir de esta trampa incrementando su propia producción. Pero el chavismo ha hecho poco en este sentido; ha preferido aposentarse en la mono-producción. La única “solución” en la que cree es el control de precios, la cual funciona un tiempo pero, a la larga, aumenta el desabastecimiento y, como consecuencia, los precios.
Venezuela es, en suma, un caso de moralidad calvinista. Su situación nos advierte de que, no importa lo rico que uno sea, no debe gastar demás y, sobre todo, no debe parar de crear.
Tomado de paginasiete.bo
