JUAN ANTONIO MORALES
El último aumento salarial sólo ha creado descontento. Por una parte, los trabajadores del sector público lo encuentran insuficiente, y tal vez tengan razón. Por otra parte, las cargas salariales aumentan en demasía para el sector privado, lo que le quita competitividad en los mercados externos y aún en el propio mercado nacional frente a las importaciones.
En vez de que nuestra producción se vaya diversificando, nos estamos especializando cada vez más en materias primas, donde los márgenes de ganancia son tan altos que pueden resistir las alzas salariales.
La industria manufacturera en gran parte, además constituida por pequeñas empresas, no tiene las ganancias que tienen los sectores de producción de materias primas. Sus márgenes por unidad producida son pequeños y cualquier incremento de costos, más allá del anticipado por los productores, las puede sacar del mercado, en el peor de los escenarios, o impedirles crecer para obtener economías de escala y absorber mayor tecnología.
Para las pequeñas empresas, las cargas salariales son, a menudo, el ítem más importante de sus costos. Por supuesto hay un amplio sector informal que no se siente constreñido por la política salarial ni por la legislación laboral, pero ¿será deseable que ese sector siga creciendo?
El salario mínimo ha tenido un gran dinamismo y desde el 2005 ha aumentado en términos reales (es decir tomando en cuenta a la inflación) en más de 60%. Este aumento no es inconsecuente para las pequeñas empresas y tiene implicaciones aún para las grandes, en la medida en que varias bonificaciones están atadas al salario mínimo, como nos lo recuerda el experto laboral Rodolfo Eróstegui. Los salarios reales y las remuneraciones reales promedio se han mantenido casi constantes desde el 2005, con trayectorias que difieren por sector.
La política salarial del Gobierno nos ha hecho regresar al debate de la década de los años 80 sobre si era mejor proteger los salarios reales con aumentos salariales que compensan a la inflación; o si era mejor mantener esos salarios reales combatiendo a la inflación. Se llama de manera genérica "política de ingresos” a la política de compensaciones salariales (más algunos precios controlados administrativamente).
La política de ingresos permite convivir transitoriamente con la inflación. Tiene empero varios defectos, entre los que paso a mencionar dos:
Primero, si la inflación es alta, ella no impide que los salarios reales se deterioren entre dos ajustes, lo que puede empujar a las organizaciones de trabajadores a exigir el acortamiento de los periodos de reajuste, lo que produce más inflación. Durante las altas inflaciones de la década de los 80, los salarios se reajustaban trimestralmente y aún mensualmente. Segundo, la política de ingresos perpetúa la inflación y además, si se produce un choque exógeno, como por ejemplo una mala cosecha que hace aumentar los precios de los alimentos, la inflación sube un escalón.
Tanto los países de economía avanzada, como los países semi-industrializados de América Latina (excepto la Argentina), han abandonado la política de ingresos para concentrar sus esfuerzos en el combate a la inflación. Para la mayoría de esos países, estabilidad de precios quiere decir una inflación menor a 2% por año, pero superior a 0%.
Nuestra inflación está corriendo al ritmo de un 6,1% por año. Es una inflación moderada, pero es muy superior a la inflación internacional. Además, las presiones inflacionarias continúan.
Mejor que una política de ingresos es una política más estricta de combate a la inflación, con políticas fiscales y monetarias idóneas. La expansión fiscal no está controlada aún si aparentemente hay superávit (el déficit, descontando los ingresos por hidrocarburos, ha estado aumentando). La política monetaria, por su parte, está subordinada a la política fiscal y comparte sus debilidades.
Juan Antonio Morales es profesor de la Universidad Católica Boliviana y expresidente del Banco Central de Bolivia.
Tomado de paginasiete.bo
