JUAN ANTONIO MORALES
El amueblamiento del Ministerio de Economía (y de YPFB) con muebles importados, que hubiesen podido ser producidos nacionalmente, revela mucho de la actitud del Gobierno hacia la industria nacional que, con pocas excepciones, es del sector privado. Se la ha ignorado o se la ha tratado de arrinconar creando empresas estatales, en una competencia desleal por las muchas ventajas. Si las empresas estatales no han logrado desplazar a las privadas no es por falta de ganas, sino por problemas administrativos que les son propios.
La apuesta mayor de los leninistas (por lo de soviets + electricidad) del modelo económico, social, comunitario y productivo está, empero, en la industria pesada estatal de industrialización de los recursos naturales. Esos megaproyectos no muestran hasta ahora lo que valen, a pesar de su indigestión con créditos del Banco Central de Bolivia.
Es cierto que definir una política industrial es una tarea compleja y que algunos esfuerzos del pasado terminaron en rotundos fracasos. En el libro de Alfredo Seoane (2015) se encontrará un interesantísimo recuento de nuestras políticas de industrialización desde comienzos del siglo XX.
Con todo, no hay cómo eludir el desafío de la industrialización para crear una sociedad moderna. Aún en las instituciones financieras internacionales en donde durante mucho tiempo prevaleció una actitud antiindustrialista hay un viraje de opinión.
La modernización en la que hay que pensar no es necesariamente la de la industrialización de nuestros recursos naturales con mecánicas elementales, sino la de una industrialización de base amplia, que no mire siempre al suelo, sino a la nube que almacena información tecnológica, como arguye Gonzalo Chávez. La industria nacional tiene que poder estar en estado de competir en un mundo ancho, ajeno y globalizado.
El contexto macroeconómico es importante para una industrialización viable y sostenible en el tiempo. Un lugar central lo ocupa la política cambiaria, evitando que el tipo de cambio se sobrevalue. Un tipo de cambio real competitivo y estable es un ingrediente crucial de una política sana de industrialización. Desafortunadamente, como el Gobierno tiene preferencia por lo importado, está también importando, con su política de tipo de cambio fijo, la política monetaria del tío Sam.
Es también crucial mantener la flexibilidad en el mercado del trabajo, sin cargas salariales excesivas -como fue la del doble aguinaldo- y manteniendo el principio de la libre contratación, con las limitaciones que tenía en la Ley del Trabajo de 1942. El Gobierno puede apoyar también al desarrollo industrial con la provisión de infraestructura de transporte, comunicaciones y energía, así como fomentando la formación de "clusters” y cadenas productivas. No se debe castigar a la industria con una tributación exagerada.
La política arancelaria ha sido un instrumento clásico de protección a la industria. Sería tiempo de revisar a nuestra estructura de aranceles, que en los últimos años ha sido parchada por todos lados y a la que además se le han adosado licencias previas de importación. Nos hemos alejado del neoliberal principio de un arancel bajo y uniforme, pero sin darle mayor racionalidad a los desvíos. La política arancelaria tiene que complementarse con la política de compras estatales, la que ha tenido en el desarrollo industrial de muchos países, aún en el de los Estados Unidos, un papel de primera importancia.
Por último, nuestro desarrollo industrial depende mucho de una buena inserción en el comercio internacional. Valdría la pena considerar con un enfoque fresco nuestra adhesión a los distintos programas de integración económica y a los tratados de libre comercio, alejándonos de dogmatismos. Olvidémonos del tropicalísimo ALBA y busquemos mayor integración con la Comunidad Andina de Naciones y con el remozado Mercosur. Cortejemos sin timidez a la Alianza del Pacífico.
Juan Antonio Morales es profesor de la Universidad Católica Boliviana y fue presidente del Banco Central de Bolivia.
Tomado de paginasiete.bo
