TEÓFILO CABALLERO
Desde que se presentaron tres resultados ‘oficiales’ del censo de 2012, el tratamiento del Pacto Fiscal tal como lo establece la Ley Marco de Autonomías ha entrado en un periodo donde los funcionarios del Gobierno están buscando uno y mil pretextos para dilatar su tratamiento.
Veamos algunos antecedentes, el primer resultado preliminar del censo de 2012 fue anunciado por el Pdte. Evo Morales un 22 de enero de 2013, en el que señaló que los bolivianos éramos 10.389.913 habitantes.
Luego, el 31 de julio de 2013, la entonces ministra de Planificación, Viviana Caro, presentaba al país, los resultados OFICIALES del censo de 2012, en el que los bolivianos nos redujimos a 10.027.254 habitantes. El D.S. 1672 del 31/07/2013, presentado en esa oportunidad, señalaba en su artículo único lo siguiente: «La información sobre Población obtenida en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, publicados por el INE, que en anexo forman parte del presente Decreto Supremo, constituye la información oficial sobre población del Estado Plurinacional de Bolivia y el factor de distribución…”.
Con los resultados ‘oficiales’ obtenidos y calculado el factor de distribución, inmediatamente el ministro de Economía procedió a distribuir los recursos de la coparticipación tributaria a los 339 municipios y a las 11 universidades públicas. Con este hecho palpable, quedaba demostrado que esos resultados eran los resultados ‘oficiales’ del Estado Nacional.
A partir de aquí se debería haber dado cumplimiento al mandato expreso contenido en la Ley N.º 031 -Ley Marco de Autonomías y Descentralización- promulgada el 19 de julio de 2010, que en su disposición transitoria decimoséptima, punto II, señala lo siguiente: “En un plazo no mayor a 6 meses después de publicados los resultados oficiales del próximo Censo Nacional de Población y Vivienda, se debe presentar la Propuesta Técnica sobre el Pacto Fiscal al Consejo Nacional de Autonomías (CNA)…”.
Los resultados
Es decir, si los resultados oficiales fueron presentados por la ministra de Planificación el 31 de julio de 2013, transcurridos seis meses, o sea un 31 de enero de 2014, ya el CNA debería tener la propuesta técnica del Pacto Fiscal.
Sin embargo, el Ejecutivo, después de poner pretextos al pedido de iniciar el tratamiento del pacto fiscal, a través del Ministerio de Autonomías, el 10 de febrero de 2014 anunció que el tratamiento de pacto fiscal se lo haría en diciembre de 2014, porque el 9 de junio presentaría los datos finales del censo de 2012, ya que no habían concluido con el ‘vaciado’ de todas las variables. O sea que los datos no habían sido tan ‘oficiales’.
Al final de esta travesía, el tercer resultado del censo de 2012 fue anunciado por el director del INE, Lic. Luis Pereira, el 30 de junio de 2014, donde los bolivianos ‘oficialmente’ éramos 10.059.856 habitantes. Con este dato, el pacto fiscal debería ser tratado a partir de enero 2015.
El 11 de febrero de 2014 se convocó la primera reunión del Consejo Nacional de Autonomías para el tratamiento del pacto fiscal, y se presentó un procedimiento burocrático que lo único que busca es postergar de forma indefinida el pacto fiscal. Este procedimiento consta de cinco etapas: 1) Preparación, 2) Socialización, 3) Priorización de agendas, 4) Asignación de inversión y gastos y por último, 5) Fuente de recursos. Resulta que en 30 meses desde la primera reunión del Consejo Nacional de Autonomías (CNA), llevada a cabo el 11 de febrero de 2014, ni siquiera se ha concluido la primera etapa.
A este ritmo, para llegar a la etapa cinco, recién se lo haría a finales de 2021, lo que demuestra que no existe la voluntad del Gobierno de analizar en serio el tema del pacto fiscal. Y hay algo curioso en esta agenda, se convoca reunión del CNA cada vez que el Gobierno está arrinconado por presiones de la sociedad civil. La primera reunión realizada hace 30 meses se debió a que al mes siguiente (29/03/2014) se realizarían las elecciones de alcaldes y gobernadores en Bolivia, y la tercera reunión convocada para fines de agosto de este año se debe a la presión que ha ejercido el gobernador de La Paz, Dr. Félix Patzi, que realizó una huelga de hambre durante 12 días, para exigir el tratamiento del pacto fiscal.
La autonomía centralista impuesta por el Gobierno agravada por la estrepitosa caída del precio del gas que el país vende a la Argentina y Brasil, está carcomiendo los presupuestos de los departamentos.
Esta escasez de plata está obligando a que algunos alcaldes y gobernadores electos ganen impulso y pierdan el miedo para protestar contra el centralismo del Gobierno, que acapara el 90% del Presupuesto General del Estado (PGE) y solamente un 10% se distribuya entre 339 alcaldes, 9 gobernaciones y 11 universidades públicas
Tomado de eldeber.com.bo
