Teófilo Caballero
Este 20 de abril se cumplen 20 años de la promulgación de una de las leyes más importantes que ha tenido una profunda vocación de descentralización económica: la Ley de Participación Popular No 1551 promulgada el 20 de abril de 1994 y derogada por la Ley Marco de Autonomías y Descentralización No 031 de fecha 19 de julio de 2010. Esta ley que fue criticada en sus inicios por propios y extraños, al final tuvo que ser comprendida y aceptada cuando empoderó a los municipios y viabilizó la gestión de los alcaldes y rectores, y por supuesto, abrió la puerta de la descentralización económica via los municipios.
De esa forma se consolidaban los municipios como entidades autónomas con alcaldes electos gracias a las luchas cívicas desplegadas desde Santa Cruz en 1984, cuando el Alcalde cruceño Oscar BarberyJustiniano promulgó la histórica Ordenanza Municipal No 031/84 de fecha 07 de junio de 1984. Esta histórica Ordenanza que fue redactada en el Comité Pro Santa Cruz y mejorada por Barbery, obligó al centralismo gubernamental a convocar a elecciones de concejales en 1985 para que luego entre ellos elijan al Alcalde municipal. Se acabó el dedazo en las alcaldías, pues hasta hoy son elegidos por la gente. La Participación Popular le dio forma económica al municipio, porque ahora el Alcalde ya tenía recursos para hacer obras y entregarles a los ciudadanos.
En la historia económica de Bolivia la Participación Popular, la podemos considerar como la segunda medida más importante de descentralización económica, puesto que la primera se remonta a la Ley de Regalías Petroleras del 11% del 15 de julio de 1938 para los departamentos productores aprobada en la gestión del Presidente chiquitano, German Busch Becerra. El redactor de esa ley fue el congresista Dionisio Foianini. Dos cruceños al servicio de Bolivia. Sin embargo, la misma recién fue reglamentada 20 años después fruto de la presión cruceña al Gobierno de Hernán Siles Suazo que ocasionó previamente dos invasiones de ucureños y asesinatos de cruceños en las Pozas de las Liras, comunidad cercana a Terebinto, a 20 kilómetros de la ciudad.
El gobierno había tergiversado el reclamo de un pueblo que exigía el pago de regalías con un acto de separatismo y secesión. Estrategia usada por el centralismo gubernamental a lo largo de la historia contra Santa Cruz cuando se exigió democratización política o descentralización económica. En la actualidad el derecho a las regalías para los departamentos productores están incluidas en el texto constitucional y benefician a Tarija, Chuquisaca, Cochabamba y por supuesto a Santa Cruz.
La participación popular tuvo la virtud de distribuir la recaudación de los impuestos nacionales “en efectivo” de la siguiente forma; 75% para el gobierno central, 20% para los municipios y 5% para las universidades públicas. En estas últimas instituciones se distribuye por población; de ahí la importancia que revisten por ejemplo los Censos de Población y Vivienda, puesto que a mayor cantidad de habitantes, mayor asignación de recursos por coparticipación.
En el periodo 2005 – 2012, los municipios han recibido la suma de Bs. 28.933 millones por concepto de coparticipación tributaria (en efectivo, así dice la Ley), y las universidades públicas Bs. 7.233 que corresponden al 20% y 5% respectivamente de la coparticipación de los impuestos nacionales. Con esos recursos los alcaldes y rectores pudieron hacer mejor gestión, puesto que en el área pública la gestión se mide en base a resultados que son las obras que los alcaldes y rectores le entregan al ciudadano.
Sin embargo, los recursos percibidos por las entidades autónomas han podido ser muchos más, puesto en el periodo 2005 – 2012, el gobierno central emitió Notas de Crédito Fiscal (NOCRE) que han ocasionado una merma en los ingresos de los municipios y universidades públicas de Bs. 5.123 millones. Y esto se debe a que la famosa Ley Marco de Autonomías y Descentralización que derogó la histórica Ley de Participación Popular estableció que la coparticipación era de la recaudación “en efectivo”.
De esta forma el gobierno para mermar los ingresos de los departamentos en los últimos años ha empezado a emitir Notas de Crédito Fiscal (papeles y no dinero en efectivo) para cubrir sus obligaciones tributarias reduciendo los ingresos de coparticipación de municipios y universidades. No se explica otra razón, puesto que tanto se habla de superávit fiscal en la administración pública y abundantes reservas internacionales, ¿entonces por qué el gobierno no cumple con sus obligaciones tributarias con pagos en efectivo?
Qué paradoja de la Participación Popular, pues también fue impulsada por intelectuales cruceños: Carlos Hugo Molina y Roberto Barbery, ciudadanos al servicio de Bolivia que no figuran en la historia “oficial”.
