CARLOS MIRANDA
Nuestro país es todavía un paraíso de precios energéticos bajos, el gas más barato del Cono Sur, gasolina y diesel igual y tarifas eléctricas razonablemente bajas. Esta situación es el resultado de una política energética de largo plazo, adoptada unos 20 años atrás, para que el gas natural sea el principal combustible de nuestra economía, con precios iguales en todo el país y con una tarifa de transporte también reducida e igualitaria al margen de la distancia, llamada Tarifa Estampilla. Estas envidiables situaciones han sido fácilmente aceptadas, casi ignoradas, por el gran éxito en la exportación de gas natural a Brasil.
Pero la vida continúa y el mundo sigue girando.
Los precios de exportación de gas, que están completamente influenciados por los precios de los derivados del petróleo han sufrido bajas estos últimos años. Por otro lado, la política de promoción en el uso del gas natural en el país ha sido exitosa y a la fecha los volúmenes que se comercializan ya no son insignificantes, llegando alrededor de 15 millones de metros cúbicos por día. Todo esto deja al Gobierno con dos problemas en las manos. Primero tratar de cubrir los déficits que están presentando por los menores ingresos de exportación. Los años 2014 y 2015 pudieron sortear la caída de los precios del gas de exportación con una sonrisa de suficiencia haciendo uso de los fondos de presupuestos no ejecutados que compensaron la disminución de ingresos por exportación. Ahora no habiendo la menor posibilidad que los precios de exportación de gas alcancen cifras de dos dígitos, el problema es muy serio porque se está en manos de los precios del petróleo.
Lamentablemente lo más que se puede hacer es que aprovechando la reunión del Foro de Países Exportadores de Gas que próximamente tendrá lugar en Santa Cruz, se pueda influir en la mejora de precios del gas natural.
Por lo anterior, no es de extrañarse que el Gobierno en su búsqueda de mayores ingresos, haya decidido revisar el precio del gas natural para el sector industrial en el país. Para este efecto, ha adoptado un extraño procedimiento para establecer una supuesta agencia reguladora que fije precios de ahora en adelante y no directamente el Gobierno. De existir un verdadero sistema regulatorio neutral e independiente, como cuando existían las superintendencias, eso era factible.
Ahora ya no porque el sistema regulatorio ha sido abolido. El Gobierno ha señalado a la ANH como el nuevo regulador de precios del gas.
Por este motivo, la ANH ha emitido la Resolución Administrativa, RAR-ANH-ULGR Nº 0331/2017 de fecha 11/08/2017, fijando los nuevos precios del gas natural industrial aplicables a partir del 15 de agosto, estableciendo tres niveles de precios en función al volumen de consumo.
El debut de la ANH como agencia reguladora hasta la fecha es un fracaso porque con su primera resolución administrativa fijando precios, está incumpliendo lo que señala la Ley de Hidrocarburos 3058 en su artículo 87 que indica: "En ningún caso los precios del mercado interno para el Gas Natural podrán sobrepasar el cincuenta por ciento (50%) del precio mínimo del contrato de exportación”.
Desde el punto de vista de un Estado regulado, una resolución en contra de una ley no tiene ninguna validez. Un acto de esta naturaleza desvirtúa la principal función del regulador que tiene que mantenerse en un sistema de un triángulo equilátero atendiendo los reclamos y planteamientos del Estado, actividades reguladas y consumidor final.
El Gobierno debería ser más cuidadoso de las reacciones de los usuarios, cuando intenta acercar un precio interno a precios internacionales. La elevación de precios del gas industrial está siendo representada por las compañías usuarias, con justa razón, indicando que incidirá en sus costos de producción lo que a su vez producirá una elevación de los precios finales al consumidor. El conflicto está empezando a adquirir los rasgos del frustrado gasolinazo de hace años atrás.
Además, los montos adicionales que se pagarían con los nuevos precios, son insignificantes frente al déficit de ingresos por exportación.
Finalmente, será muy interesante ver la argumentación del Gobierno de cómo se puede hacer valer una resolución administrativa frente a lo que establece una ley. Estamos a punto de conocer un sistema regulatorio socialista transandino de tipo marxista leninista.
Carlos Miranda Pacheco es ingeniero y analista energético.
Tomado de paginasiete.bo
