HENRY OPORTO
La próxima realización del II Encuentro Bolivia-País Minero, con el tema “Hacia la nueva Ley Minera”, organizado por el Colegio de Geólogos y el Foro Minero, es la oportunidad de abrir un debate público sobre una cuestión crucial para la minería boliviana: Gobierno, gremios y especialistas del sector están convocados a reflexionar sobre la política minera nacional y la nueva ley sectorial, que reemplazará al vigente Código Minero. El país requiere conocer las visiones y propuestas que existen sobre estos temas relevantes.
Por varios meses, el Ministerio de Minería y los gremios del sector trabajan en una comisión redactora del proyecto de ley, procurando consensuar sus contenidos; un esfuerzo sin duda meritorio y que puede marcar diferencia con respecto a la forma en que otras leyes económicas han sido aprobadas, sin concertación con los sectores concernidos. La inestabilidad de precios de los minerales, con tendencia a la baja en los últimos meses, aumenta las preocupaciones en Bolivia por el impacto que se siente de reducción de las inversiones en proyectos mineros, caída de las exportaciones, menores recaudaciones impositivas y menos contribución del sector minero al producto nacional.
Los temores se extienden a la delicada situación de Huanuni y otras empresas mineras estatales. Las propias autoridades de Gobierno han encendido las alarmas, revelando datos que muestran elevados costos productivos, baja productividad, falta de inversiones, agotamiento de reservas y otros problemas gerenciales y de gestión, que ponen en entredicho los beneficios de la nacionalización y que, además, generan inquietud por el futuro de las empresas de Comibol.
El descenso de los precios agudiza las dificultades de nuestra minería, cuyo problema más álgido es la falta de inversiones en exploración y desarrollo de proyectos. De hecho, la minería privada se contrae en un entorno adverso de inseguridad jurídica, incertidumbre política, altos impuestos, intensas presiones sociales, reducción de fuentes de financiamiento. Si hasta el año 2011 la minería privada aportaba el 60% de las exportaciones mineras del país, el año 2012, ese porcentaje ha disminuido al 44%. El repliegue del sector privado deja un vacío de inversiones, puesto que las empresas estatales, como ahora se reconoce, prácticamente no invierten y son múltiples sus restricciones para la manutención y ampliación de sus operaciones.
El único sector en expansión son las cooperativas, que ya participan con el 50% del valor total de las exportaciones mineras, y al cual el Gobierno le sigue entregando áreas de explotación. Empero, dada la precariedad técnica y la pequeña escala de sus operaciones, este sector es también el más vulnerable a las fluctuaciones del mercado. La eventualidad de un descenso continuado de los precios haría insostenible las operaciones de muchísimas cooperativas.
El futuro de la minería boliviana luce sombrío. Si persisten las actuales tendencias es probable que la minería se reduzca a un puñado de empresas estatales de dudosa viabilidad y muchísimas cooperativas y explotaciones informales en trance de supervivencia. Sería, no cabe duda, prolongar el estancamiento de la industria minera e, incluso, sufrir un retroceso de muchos años. Pero, también, perder la oportunidad de impulsar el desarrollo minero, en un escenario internacional que, a pesar de la volatilidad existente, y aunque el auge de precios haya terminado, no deja de generar estímulos para la producción minera, puesto que los factores que jalan el crecimiento de la demanda mundial de minerales se mantienen.
La cuestión es si vamos a corregir el equivocado rumbo actual, y si tomaremos las decisiones necesarias para revertir el decaimiento productivo minero. Ante el descenso de precios sólo cabe una respuesta: producir más y elevar la productividad de las operaciones mineras. El desafío nacional es levantar una minería fuerte, moderna, competitiva.
El debate sobre una nueva Ley Minera tiene que asumir este desafío, trascender las cosas chicas y encarar los problemas estructurales con visión de futuro, con realismo, pragmatismo y sin prejuicios ideológicos. La pregunta que muchos se hacen es si la nueva Ley Minera abrirá el candado que impide que lleguen las inversiones, y si podrá aliviar la camisa de fuerza que la Constitución y otras disposiciones han puesto a la actividad minera nacional.
Tomado de paginasiete.bo
