HENRY OPORTO
El Movimiento Sin Miedo ha enunciado una curiosa fórmula para marcar diferencia con respecto al proyecto del MAS, aunque sin renegar de éste. Su propuesta es la "República plurinacional”. De lo dicho por su líder, se percibe una fórmula ecléctica que combina la noción de República (Entendida como Estado de Derecho) con la noción de plurinacionalidad (la marca simbólica del nuevo Estado creado por el MAS) y que al parecer el MSM sigue reivindicando como un avance social. Una fórmula ingeniosa que le sirve para navegar entre dos aguas: la oposición democrática y el llamado "proceso de cambio” que el MSM aspira a regenerarlo y reconducirlo.
Pero, ¿es congruente la idea de una República plurinacional? ¿Se puede hacer compatibles los conceptos de "República” y de "Estado plurinacional”?.
Hablar de República es hablar de Estado democrático y por tanto del gobierno de la ley. Por definición un orden republicano es un orden de legalidad, pero no de cualquier legalidad, sino de una que tiene como fundamento la igualdad ante la ley. Estos dos principios (imperio de la ley e igualdad ciudadana) son el cimiento del Estado de Derecho.
Por cierto, al Estado democrático le subyace una concepción pluralista del mundo; esto es, que la sociedad está formada por diferentes grupos sociales, étnicos o culturales, pero reconociendo a todos los integrantes de estos colectivos en un plano de igualdad ciudadana. Para el Estado democrático no importan las diferencias socioeconómicas, de género, raza, cultura, ideología o religión; todos los individuos son ciudadanos con igual libertad y derechos. He ahí el fundamento inequívoco de ciudadanía, cuya garantía y protección le corresponde al Estado de Derecho.
En cambio, el Estado plurinacional no condice con el principio de igualdad ciudadana. Su diseño tiene un fundamento opuesto: la plurinacionalidad de la sociedad boliviana, de la que se derivan derechos diferentes para los grupos nacionales. Esto es aberrante, por supuesto. Es más, el Estado plurinacional no se limita a reconocer múltiples "naciones” en Bolivia sino que traslada esta caracterización de la sociedad a la estructura del Estado, de modo que el Estado mismo es definido como "plurinacional”, es decir constituido con base en esa supuesta diversidad de naciones. En el intento de reparar la exclusión de los pueblos indígenas, a los ideólogos del MAS no se les ha ocurrido mejor idea que reproducir un sistema de segregación, aunque esta vez con un signo contrario: indigenizando al Estado.
En la nueva Constitución, el derecho a la diversidad se ha transformado en diversidad de derechos. El Estado plurinacional consagra jerarquías entre los grupos nacionales, otorgando a las "naciones” indígenas privilegios sobre el resto de los bolivianos, como el derecho de libre autodeterminación, la autonomía territorial, el aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales no renovables, un sistema judicial propio, circunscripciones territoriales, cuotas de participación parlamentaria y en los órganos judiciales, entre otras prerrogativas contrarias al principio democrático.
Naturalmente, si el Estado plurinacional niega el principio de igualdad ciudadana, el sistema político que conforma no es un gobierno basado en la igualdad ante la ley -que es lo propio de la República-. Quizás eso lo sabían los arquitectos de la nueva Constitución, que no solamente eliminaron la definición de Bolivia como República sino que propiciaron el cambio de la denominación oficial de Bolivia, que vía un decreto, y desde el 18 de marzo de 2009, ha pasado a llamarse "Estado plurinacional de Bolivia”, borrando casi 200 años de historia.
Ésta podría parecer una discusión académica, sin mayor importancia práctica, pero no es así. Porque resulta que el diseño anti-republicano del Estado plurinacional sí tiene consecuencias prácticas considerables. De hecho, la idea de plurinacionalidad ha legitimado una política de gobierno que tiene graves efectos: por un lado, fragmenta la sociedad en segmentos corporativos y por otro refuerza las barreras étnico-culturales. El resultado es un país con débil cohesión social y con muchas tensiones internas y fuertes tendencias centrífugas; un país de difícil gobernabilidad y evidentes dificultades para consolidar instituciones estables, legítimas y representativas.
Pero la plurinacionalidad ha servido, ante todo, como coartada para corporativizar el poder, implantándose un régimen corporativo (el gobierno de los movimientos sociales) sobre el que se ha montado el reinado autocrático y atrabiliario (lo contrario del gobierno de la ley) de un partido que ha capturado todos los órganos estatales, y con ello anulado el pluralismo, la alternancia de gobierno y, en definitiva, el Estado de Derecho. De ello padece el propio MSM, desalojado abruptamente del gobierno y expuesto ahora a la persecución política.
No sabemos si el MSM era consciente de las implicaciones de la nueva Constitución y el Estado plurinacional. Quizás no, y de ahí que hoy reivindique la idea de la República. ¿Pero qué entraña realmente su propuesta de una "República plurinacional”? ¿Será que el MSM admite la existencia en Bolivia de 36 naciones, como se deduce de la CPE? ¿Será que defiende la diversidad de derechos nacionales, que el Estado plurinacional establece? ¿Cómo compatibiliza un sistema de gobierno con igualdad ante la ley (la República) con otro que instituye la desigualdad jurídica y un sistema diferenciado de derechos (el Estado plurinacional)?
Se puede ser ingenioso y sagaz en las propuestas políticas, pero también se tiene que ser serio y riguroso. La ambigüedad suele ser frecuente en la vida política, y a veces reditúa, pero no siempre se puede jugar con las palabras. El mundo ha sufrido muchas confusiones por el manoseo y tergiversación de grandes ideales. El país de los soviets se llamó Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, apenas para ocultar lo que en realidad era: un imperio y un régimen de terror.
El experimento del Estado plurinacional es suficiente para liberarnos de espejismos. Sin embargo, me temo que el MSM sigue atrapado en el culto a lo indígena y a la multiculturalidad como el desiderátum para un cambio revolucionario. La indigenización que se ha dado en la política boliviana es forzada y artificial; no corresponde a la realidad de un país con varias culturas y lenguas, pero también con un mestizaje mayoritario y poderoso, y cuya identidad nacional es más fuerte que las identidades étnicas o regionales, tal como lo acaba de mostrar el último censo.
En vez de seguir siendo tributarios de una ideología que fomenta las diferencias étnico-culturales como base de un proyecto de país, lo cual, como ya ha visto, sólo favorece la imposición de un régimen autoritario y corporativo, éste debería ser el momento para que las corrientes políticas democráticas encuentren la forma de reencauzar el respeto a la diversidad dentro de una visión de país integrado, con mayor cohesión social y con un Estado democrático que promueve la ciudadanía y la igualdad ante la ley. Todas ellas condiciones indispensables para transitar el camino del progreso y afrontar los retos del siglo XXI. Por el propio interés de los pueblos indígenas, que hasta acá sólo han sido objeto de instrumentalización política.
Un partido que aspira a gobernar tendría que estar advertido de los serios problemas de gobernabilidad que supone el corporativismo rentista como sistema de acción social y sistema de decisiones políticas, que es el legado del gobierno de los movimientos sociales.
Tomado de paginasiete.bo
