ARMANDO MÉNDEZ
El proyecto de nueva Ley de Bancos no representa un avance para el desarrollo financiero y económico del país. Es un retroceso a lo que en Bolivia se hacía hasta el año 1985. En esos tiempos lo rutinario era la fijación de las tasas de interés por el gobierno y los bancos estaban obligados a mantener una determinada composición del crédito bajo el denominativo: “Política selectiva del crédito”. Esta política se acentuó en los años 70 durante el primer gobierno de Hugo Bánzer. Los resultados no fueron nada buenos, por decir lo menos.
En aquellos tiempos se fijaba la tasa mínima para los depósitos en cajas de ahorros y se fijaba techos diferenciados para tasas de préstamos dependiendo de la fuente de su financiamiento. Si se financiaba con el ahorro captado por los bancos, la tasa de préstamo era mayor que si el “refinanciamiento” lo hacía el Banco Central, mediante su denominada “Gerencia de Desarrollo”, y con recursos prestados por organismos internacionales de financiamiento, como es el caso del BID. También se obligaba a la banca a que mantuviese siempre un determinado porcentaje de su cartera para los “sectores productivos”. Todos los bancos pagaban la misma tasa piso para los ahorros. Las tasas para captaciones y para créditos fijados no se movían por años aunque las condiciones económicas hubiesen cambiado.
Hoy el mercado de intermediación financiero es complejo. Las tasas de interés por captaciones de ahorros varían entre una institución financiera y otra y lo mismo ocurre cuando se trata de depósitos a plazo. Estos últimos no solo varían según el plazo sino entre bancos, entre fondos financieros, entre mutuales y entre cooperativas, quienes conforman el sistema financiero. Lo mismo sucede si nos referimos a las tasas de interés de préstamos. Hay una gran variedad entre las instituciones ya nombradas y al interior de aquellas. Pero la complejidad es mayor porque los mercados de créditos son variados. Simplificando esta realidad podemos decir que por lo menos las tasas de interés difieren si el crédito es empresarial, para PYMES, microcrédito, hipotecario o consumo, y estas diferencias se mantienen ya sean entre bancos u otro tipo de entidades financieras.
Si el gobierno se atribuyese la competencia de fijar las tasas de interés, la pregunta es ¿cómo lo haría?, habida cuenta que en cada entidad financiera los costos son diferentes.
Unos son más eficientes que otros. Si por ejemplo, fijase una tasa techo para un tipo de créditos beneficiaría a los más eficientes porque seguramente estos adaptarían esta tasa, pero perjudicaría a los menos eficientes porque a esa tasa de interés no podrían financiar adecuadamente sus costos. En esto interesa mucho el tamaño de la institución financiera. En la medida que es grande es más eficiente y puede cobrar tasas de interés más bajas. Esto lo dice hoy la realidad. Así los confirma los datos sobre tasas de interés que semanalmente pública el Banco Central de Bolivia.
No es tarea nada fácil querer fijar desde el gobierno tasas de interés en mercados crediticios muy variados. Por este motivo el gobierno quiere que se determine mediante decreto supremo y no por ley. El problema se presentará que cuando se fijen estas de intereses, que nunca serán de equilibrio, no se podrán reajustar hacia arriba las tasas activas cuando se requiera y como lo hace el mercado, lo que puede generar en el futuro graves desequilibrios en el sector. Esto explica por qué en el mundo la práctica generalizada es la libertad de tasas de interés.
La regulación de las tasas de interés no tiene sentido en un mercado cada vez más competitivo, como es la intermediación financiera. Hoy día las tasas de interés para préstamos reflejan esta realidad y las tasas para captaciones también. Ambas han bajado substancialmente de lo que se observaba a principios de este siglo, debido al continuo aumento de la liquidez y de la eficiencia.
El fijar tasas de interés y composición del crédito al cual deberían sujetarse las diferentes entidades financieras, en lugar de profundizar el rol del sistema financiero para alcanzar el desarrollo financiero “cada vez más inclusivo y con equidad” lo desordenaría y le quitaría la necesaria competencia. Innecesariamente el gobierno interferiría un sector sólido que se ha modernizado mucho y trabaja con estándares internacionales.
*Miembro de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas
