WALDO TORREZ
Sufrimos un cuadro generalizado de ineficiencia burocrática, exceso de regulación y trámites interminables, y a nadie le importa. Las burocracias ineptas alimentan la desafección ciudadana y hacen decrecer la confianza en el sistema político. La normativa administrativa desfasada y mal concebida impide la innovación y crea barreras innecesarias para todo tramite común, para el comercio, para la inversión y para la eficiencia económica. Las cargas administrativas son particularmente onerosas no solo para el ciudadano, sino para la creación de nuevas empresas, especialmente las pequeñas.
Recurrir a la administración pública por cualquier trámite, es un calvario. El “no me importismo” de los funcionarios responsables impide que la cultura administrativa cambie, que evolucione, a pesar de las quejas de las empresas y de los ciudadanos. Así, la indolencia burocrática está arraigada.
Las políticas de reducción de cargas administrativas no son una prioridad en la agenda del Gobierno, está lejos de plantearse la necesidad de perfeccionar los mecanismos institucionales para enfrentar las demandas sociales. Nadie toma la iniciativa para adoptar las ventanillas únicas, para reducir el papeleo.
Nadie percibe que la eficacia de los sistemas de atención al público es clave para la buena gestión de los asuntos públicos, la implementación del desarrollo y la valoración de un gobierno.
¿Por qué no se adopta la simplificación administrativa como objetivo permanente para mejorar el sector público? ¿Por qué la administración pública, no se adapta o se reinventa en forma innovadora para cumplir mejor con los intereses nacionales y ciudadanos? La Administración Pública no es inepta porque sea pública, sino porque se prioriza el clientelismo en lugar de la idoneidad técnica y moral del personal.
Necesitamos crear un cambio ideológico, un cambio de valores en el sector público, privilegiar el paradigma del “servicio publico al ciudadano” antes que el “cumplimiento del deber”.
La solución radica en la adopción de la reforma normativa del sector público a fin de simplificar trámites, flexibilizar requisitos y otorgar plazos de cumplimiento a la administración pública mediante programas digitales de aceleración de trámites que cumplan estándares de calidad.
De esta manera, la simplificación administrativa cumplirá políticas para mejorar la productividad. En concreto un “mejor gobierno” desde la Administración Pública, sin que la retórica pretenda rebasar la realidad.
Tomado de opinion.com
