VÍCTOR PAVÓN
Aquellos que revestidos de autoridad en el gobierno creen que modificando las reglas de juego e infringiendo los procedimientos no son más que una jugada de las muchas que quedará impune, se equivocan y hacen tanto daño y más que los delincuentes comunes. El que se encuentra en el ejercicio del poder público se ajusta a las reglas y puede hacer únicamente lo que previamente está autorizado, un principio universal aplicado en los países civilizados para limitar el poder.
Si los gobernantes son los primeros en hacer tabla rasa sobre lo que juraron defender y no tienen sanción alguna, el ciudadano común se percata que vive en una sociedad donde para el logro de los objetivos personales resultan preferibles los atajos, la evasión, la riqueza mal habida o cualquier otra conducta reprochable denominada en términos genéricos como corrupción.
La causa de aquellos citados males sociales, sin embargo, no se deben a que el paraguayo es corrupto por naturaleza o un haragán. Esto es lo que han predicado y siguen insistiendo los autoritarios de siempre, los mismos que se creen investidos de una aureola que los hace supuestamente especiales y únicos para dirigir la administración gubernamental.
Los males sociales arrastrados a lo largo de nuestra historia se deben al deterioro institucional ocasionado por unos cuantos autoritarios y de escasas luces que sin consideración alguna hacia el derecho de sus semejantes de vivir en una República para la sana convivencia, aparecen para alzarse con el poder, comprando mediante canonjías y privilegios a todo aquel que encuentran en su camino.
El deterioro institucional no es un caso particular del Paraguay. Es la característica de los países subdesarrollados. Aun contando con prodigiosas riquezas naturales, muchas naciones siguen en la pobreza, el desempleo y la corrupción. Los efectos de ese deterioro son devastadores sobre el empleo, la inversión y en particular sobre los incentivos que perciben los ciudadanos acerca de lo que es correcto o no, de lo que está mal o bien, en suma, afecta la conducta de las personas en su apreciación acerca del cumplimiento de las leyes.
Por lo general el deterioro institucional se inicia en la política y la economía. Sin embargo, desde ahí, discurre hacia otros campos llegando hasta el mismo sistema educativo. Y luego instalado en la educación, los efectos son todavía más destructivos por cuanto que los niños y jóvenes entran en un conflicto entre lo que dicen sus libros y lo que hacen los dirigentes. Esto es así porque la educación es un proceso de enseñanza aprendizaje en el que incide el contexto social.
Las oportunidades presentes y futuras del país se forjan en las aulas a través de la educación. Los resultados educativos sólo serán de calidad y una bendición para el progreso de nuestra nación si los gobernantes acompañan el esfuerzo y dedicación de padres, alumnos, profesores y directivos, siendo celosos defensores de la Constitución, para así cambiar de una vez por todo el autoritarismo corrupto y campante del cual todavía algunos pretenden imponer.
Tomado de elcato.org
