VÍCTOR PAVÓN
Las molestias provocadas por las publicaciones de la prensa acerca de los cargos y salarios de los familiares de los políticos en la Cámara de Diputados del Paraguay, que llevó a este cuerpo colegiado a emitir la escandalosa resolución de solicitar el castigo de todo aquel que colabore con el acceso a la información pública, revela la fragilidad de las instituciones y el erróneo concepto que se tiene acerca de la democracia.
Aquella resolución prueba que las libertades políticas conquistadas luego de años de dictadura todavía se encuentran en permanente asedio, al acecho peligroso de los intereses de grupos. Y como todo grupo que defiende sus intereses en contra de los de la República , prefiere esconder a la ciudadanía acerca de qué hacen y cuánto ganan los funcionarios sin haber accedido a sus respectivos cargos sin concurso por mérito y capacidad debidamente comprobados, violando el derecho a la información pública, como efectivamente prescribe nuestra Constitución y la legislación en la materia.
El acceso a la información en poder del Estado es un derecho del ciudadano común que elige, paga y por supuesto debe controlar las actividades de sus representantes, siendo esta premisa de carácter universal en la ya larga e importante historia universal en la consolidación del Estado de Derecho. Este derecho a la información que poseen los órganos estatales forma parte de lo que se denomina la libertad de expresión, puesto que si los ciudadanos no saben de lo que se hace desde el poder, entonces será también escasa su posibilidad de criticar con argumentos válidos a sus representantes.
El derecho a la información da lugar al derecho de expresión. En tal sentido, los diputados que firmaron aquella resolución deben saber que los obstáculos o inconvenientes que provocan con esta actitud corporativa propia de los que quieren esconder, no ha sido una decisión contra los periodistas o los dueños de los medios.
El problema suscitado en la Cámara de Diputados refleja el temor que se tiene por lo que está haciendo, lo que implica que no será precisamente algo para elogiar, y es una directa provocación a los ciudadanos de este país. La propia Convención Americana de Derechos Humanos, ratificado como parte del orden jurídico paraguayo, reconoce que “el derecho a acceder libremente a la información existentes en los archivos y documentos en poder del Estado es una de las garantías fundamentales de la democracia constitucional por cuanto asegura a la vez la participación de la ciudadanía en la discusión y decisión de los asuntos comunes y la transparencia de las actuaciones estatales”.
Está demostrado que las instituciones de la libertad no están a salvo en el país. Todavía más, es preciso rescatar la idea que la democracia es apenas un medio para lograr algo todavía más importante: las garantías permanentes a la vida, la libertad y la propiedad.
Para lograr este cometido se requiere de la firme decisión de hacer efectivos principios y valores sustentados en los derechos individuales, puesto que infelizmente persiste la peregrina idea que los grupos amparados por el voto popular que la democracia otorga, son los nuevos mandamases de turno, como si fueran una nueva monarquía, tan detestable como antaño lo representaba la figura del rey por estas tierras que no rendía cuentas de nada y a nadie.
Víctor Pavón es Decano de Currículum UniNorte (Paraguay) y autor de los libros Gobierno, justicia y libre mercado y Cartas sobre el liberalismo.
Tomado de elcato.org
Este artículo fue publicado originalmente en ABC Color (Paraguay) el 22 de octubre de 2013.
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