EDUARDO BOWLES
En teoría, en estos diez años, el Gobierno ha contribuido a la seguridad laboral con medidas proteccionistas favorables al trabajador, como incrementos, aumento del salario mínimo, doble aguinaldo y una serie candados que supuestamente mejoran las condiciones y aumentan la calidad de vida de los empleados.
Este planteo surge a raíz de la disyuntiva generada por la modalidad del preaviso, una herramienta que dispone el empleador para realizar reestructuraciones de personal en función de cualquier variable, ya sea productividad, rendimiento, incompetencia o simplemente por una cuestión de reducción de costos ante una eventual situación de crisis.
El debate se aviva aún más cuando desde el gabinete surge la idea de restituir el pago del doble aguinaldo, suspendido el año pasado ante una evidente desaceleración de la economía que se va sintiendo cada vez más entre las empresas, grandes y chicas, formales o no. Los ingresos más importantes que han estado dinamizando la economía en la última década, han caído a la mitad y con ese panorama no podemos pretender que los otros sectores se mantengan en bonanza. Frente a ello, se torna previsible, pues que se resienta el empleo.
Es descabellado pensar que la situación puede cambiar introduciendo cláusulas legales o disposiciones gubernamentales para apuntalar la estabilidad de los trabajadores, cuando lo que se requiere son políticas públicas que promuevan las inversiones, reactiven la producción y como consecuencia natural, los ciudadanos puedan gozar de más oportunidades y de mejoras salariales que surgen del propio dinamismo económico.
La realidad es que todas estas medidas, en lugar de proteger al trabajador, terminan por desplazarlo de la formalidad, el sendero en el que puede conseguir un salario digno, seguridad social, capacitación, buen ambiente laboral y promoción. Para los empleadores es cada vez más difícil sostener la pesada carga que significa asegurarle el puesto a un obrero, más allá de las competencias, la efectividad o las circunstancias específicas y objetivas que rodean la relación obrero-patronal.
La mejor estabilidad que se le puede dar a un empleado es la prosperidad de las empresas, la apertura de mercados, la seguridad jurídica que permita a los emprendedores planificar a largo plazo, expandir sus negocios y naturalmente, contratar más personal, capacitar a sus trabajadores, incorporar tecnología que ayude a cualificar la mano de obra y obviamente, a elevar el rango salarial, una consecuencia de todo un proceso que en Bolivia se pretende saltar por decreto.
De esta manera se condena al país a reproducir su estructural atraso que proviene, entre otros factores, de uno de los índices de productividad más bajos del continente. Para abordar el tema en términos más profanos, en tanto el Gobierno –con evidentes tintes electoralistas-, busca asegurarles una “pega” a los bolivianos, la realidad, especialmente la de los propios asalariados, demuestra que lo que se requiere es verdadero trabajo de calidad.
Tomado de eldia.com.bo
