JAVIER PAZ
Comencemos por lo conceptual. El salario mínimo ocasiona que una persona que está dispuesta a trabajar por un salario inferior a cierto nivel determinado por el Gobierno y alguien que está dispuesto a contratarlo no puedan llegar a un acuerdo. Dos personas que están dispuestas a lograr un acuerdo de manera voluntaria y libre, que no ocasiona perjuicios a terceros, son prohibidas por el Estado de llevar dicha transacción. Legislar el salario mínimo es un ataque directo a la libertad de asociación de las personas y, por tanto, es inmoral.
Con respecto a las consecuencias económicas, pierde el trabajador, que reduce sus opciones de empleo; pierden el empleador y el consumidor final, porque hay menos bienes y servicios disponibles; pierde el Estado porque recauda menos impuestos.
Los más afectados por esta legislación son, precisamente, las personas a quienes los legisladores pretenden ayudar: los jóvenes con poca educación. Una persona con educación universitaria generalmente ganará un salario superior al mínimo que determine el Gobierno. Incluso una persona sin educación, pero con muchos años de experiencia laboral, gana un salario superior al mínimo.
Pero un joven sin educación universitaria o, peor aún, que no ha terminado el colegio, difícilmente puede conseguir un salario alto. Un joven de 17 años es, generalmente, impuntual, distraído, descuidado, irresponsable e incluso temerario; hay que explicarle todo hasta tres o cuatro veces, y no posee ninguna competencia específica.
Un joven así es demasiado improductivo para que una empresa lo contrate por Bs 2.000 más beneficios sociales. Digamos que la empresa lo podría contratar por Bs 500. Muchos jóvenes estarían conformes de trabajar por eso, ya que lo principal para ellos en esta etapa no es el sueldo, sino adquirir las competencias y conocimientos que les van a permitir ganar más en el futuro: competencias básicas y generales como la puntualidad, la seriedad de la palabra, el cuidado a los detalles, hasta cosas específicas como el Excel, o mejores prácticas de almacenamiento.
El salario mínimo impide que una empresa contrate a estos jóvenes y por tanto que ellos se capaciten, aprendan, mejoren y sean más productivos. El Estado les roba de esta manera la oportunidad de un mejor futuro. Afortunadamente existe el sector informal, donde van a ganar nomás los Bs 500 que vale su bajo nivel de productividad, pero sin los beneficios y la seguridad social, sin las capacitaciones formales y el roce con profesionales destacados que les puede brindar una empresa formal. Algunos trabajarán en peores condiciones, más horas y serán más vulnerables a abusos de su empleador informal.
La legislación del salario mínimo es otro caso en el que la conjunción de las buenas intenciones y la ignorancia de la ciencia económica producen consecuencias contrarias a las deseadas.
Tomado de eldeber.com.bo
