OVIDIO ROCA
Desde la época colonial, Bolivia, país asentado en las montañas andinas, al centro del continente y lejos del desarrollo costero y el comercio marítimo, fundó su economía en la explotación de las minas (especialmente de minerales preciosos como la plata) y la mano de obra indígena. En consecuencia no se incentivó una estructura productiva diversificada y menos una cultura industrial tecnológica capaz de generar empleo.
Es tanto así, que los campesinos que siguen migrando a las ciudades, al no encontrar empleo, lo inventan y crean una diversidad de oficios de baja tecnología: en el transporte, el comercio, la artesanía, la construcción y los servicios.
Se apoderan de las calles y plazas e instalan sus quioscos y sus pequeños talleres; los menos pobres establecen microempresas unipersonales o familiares de subsistencia, de tecnologías simples y escasa inversión, bajísima rentabilidad, bajos salarios y precarias condiciones laborales.
En los últimos años, con el auge de los precios de los minerales y la permisividad gubernamental para el cultivo de la coca, se ha impulsado una cultura de la ganancia fácil e inmediata. Grupos informales, en busca de mayores ganancias, han girado hacia una economía ilegal y delincuencial: contrabando masivo, narcotráfico, cultivos prohibidos, tráfico de vehículos robados, de armas y blanqueo de capitales.
Una de estas actividades de alto impacto negativo, inducida por el auge de precios y la permisividad, es la que realizan cientos de pequeñas y medianas empresas mineras bajo el rótulo de "cooperativas”, llamadas así para darles un tinte social.
Estas "cooperativas” prevalidas de alguna protección política, están apropiándose de tierras agropecuarias, reservas mineras estatales y concesiones de propietarios privados. No pagan impuestos e incumplen toda clase de regulación.
La minería cooperativista se la realiza en condiciones precarias y con poco capital y escasa o ninguna tecnología, y, sobre todo, sin el mínimo cuidado del medio ambiente; en consecuencia, se destruyen y contaminan acuíferos, se envenenan las aguas con mercurio, arsénico y otros productos, y se lo hace así, como ellos lo dicen, "porque son pobres” y asumen que la ecología es una moda de los ricos.
Últimamente, y con la nueva Ley de Minería, se extiende el área de concesiones hacia Santa Cruz y el precámbrico, área que cuenta con minerales no tradicionales, como oro, tantalio, piedras semipreciosas, uranio y otros como hierro y calcáreos. Esta actividad extractiva, y sin mayor control, afecta especialmente a la ganadería de la Chiquitania, donde se encuentra el 65% de la ganadería departamental.
Los propietarios sufren por la invasión de los cooperativistas en sus propiedades, por el aprovechamiento desmedido de las aguas de los arroyos y el envenenamiento con mercurio de aguas, pasturas y el ganado.
Estos "cooperativistas” se asocian con empresas ilegales brasileñas, que les alquilan sus maquinarias, haciendo grandes ganancias, sin comprometerse con la depredación minera de los cooperativistas, que tienen la protección del Gobierno.
Esta práctica extractivista de personas y grupos con poder e influencia política generan, además de riqueza fácil, una cultura, "usos y costumbres” que impiden cualquier cambio tecnológico y cuidados ambientales que encarezcan sus operaciones.
Este tipo de economía informal e ilegal no genera desarrollo sostenible ni contribuye a construir un país próspero, menos un mejor planeta, cada vez más globalizado e interconectado, en el cual las inversiones y el progreso radican donde está la libertad e institucionalidad, la innovación, la inteligencia y las habilidades personales.
Sin embargo, dadas nuestras condiciones de atraso tecnológico y empresarial, necesitamos apoyar y modernizar a esa gran masa poblacional, que actualmente trabaja en la informalidad, facilitando y abaratando el costo de su formalización, y capacitando a las personas para hacer lo que saben, pero con más eficiencia y dentro de un modelo de respeto de normas ambientales y al prójimo. A su vez un trabajo necesario y urgente es ir controlando y eliminando las actividades ilegales de procesamiento de coca, minería informal, contrabando y lavado de dinero.
Ovidio Roca es ciudadano boliviano.
Tomado de paginasiete.bo
