GABRIELA CALDERÓN
Los mismos argumentos por los que la guerra contra las drogas está condenada al fracaso, sirven para explicar por qué la guerra contra la usura también lo está. Estas prohibiciones no solo que no suelen lograr el objetivo que se proponen —eliminar o reducir el consumo de drogas y eliminar o reducir la usura— sino que causan un daño a la sociedad muy superior a cualquier daño que podría causar el consumo legalizado de las drogas o la fijación libre de tasas de interés.
El filósofo inglés Jeremy Bentham en su famoso libro En defensa de la usura (1787) introduce la materia diciendo lo siguiente: “ningún hombre de edad madura y sano juicio, que actúe libremente y con conocimiento de causa, debe ser obstaculizado, incluso si se hace considerando su propio beneficio, para realizar una transacción que le permita obtener dinero en la forma que crea conveniente; ni (como consecuencia necesaria) que a nadie se le impida proporcionárselo en las condiciones que juzgue conveniente”. Este es un argumento moral basado en la creencia que nadie es mejor juez de su situación que uno mismo y que por eso el individuo debe ser libre para contratar un crédito como crea conveniente, pero el mismo argumento aplica cuando se trata de la decisión de qué sustancias consumir.
Dicen que el combate a la usura es necesario para prevenir la prodigalidad, el abuso y la violencia. En el caso de las drogas se dice que es necesario para prevenir la adicción, el abuso y la violencia. Pero en ambos casos la prohibición meramente crea un mercado negro con una jugosa prima para aquellos dispuestos a participar con el riesgo de ser capturados por los agentes de la ley.
JORGE A. MIRANDA
El pasado 10 de diciembre del 2010 el Gobierno promulgó la Ley Nº 65, en reemplazo de la Ley 1732 promulgada en 1996 por Gonzalo Sánchez de Lozada, encuentro necesario realizar un análisis del origen de la misma, sus principales errores y algunos comentarios.
Supuestamente esta nueva Ley nace consensuada con los trabajadores del país y con el apoyo pleno de la COB. Por todos los medios, el Gobierno se encargó de publicar las bondades de esta nueva Ley, ofreciendo a los trabajadores rentas más dignas, aumentando las mismas y creando el fondo solidario para personas que no puedan financiar una renta de vejez, señalando además, que se basan en principios de solidaridad, sostenibilidad entre otros. Luego de dos años de vigencia de la misma, se constató que no fue como se publicitó, provocando grandes movilizaciones de trabajadores, llegando incluso a declararse un paro general, exigiendo al Gobierno la revisión inmediata de la misma.
JUAN CARLOS URENDA
El Estatuto cruceño está herido de muerte. Está corriendo la suerte del proceso autonómico boliviano en general que se encuentra atrapado por un gobierno nacional indisimuladamente centralista y por el abandono de la causa que han hecho, con raras excepciones, las élites políticas, económicas e intelectuales del departamento.
La problemática central del Estatuto cruceño tiene que ver con la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Es una cuestión simple de soberanía popular. La autonomía departamental se ganó en el referéndum del 2006 y se remató con la aprobación del Estatuto el 2008 por el 86.5% de la población en un referéndum impecable legalmente. Y ahora resulta que la Asamblea Legislativa de la gobernación cruceña está empeñada en darle gusto al gobierno centralista y se apresta a recortarle al Estatuto cruceño todas las competencias que fueran necesarias (calculo un 70% de ellas), para “adecuarlo” innecesariamente a la Constitución que, por lo demás, fue rechazada por el 65% de la población cruceña. De esa manera, la votación del pueblo cruceño en dos referéndums no habrá valido para nada y el único ganador será el centralismo y los que están a su alrededor.
OVIDIO ROCA
Se ha confirmado el fuerte vínculo existente entre el cambio climático y las lluvias extremas, nos dice el Dr. Seth Westra, autor principal del estudio “Tendencias mundiales del aumento en la precipitación diaria máxima anual” publicado en junio último en el Journal of Climate.
Se trata de la primera investigación que utiliza las observaciones de 8.326 estaciones meteorológicas del mundo para determinar el grado en que la intensidad de las lluvias y las precipitaciones extremas aumentan, siguiendo el de las temperaturas. El resultado muestra que las lluvias torrenciales en las regiones tropicales aumentan un 15% más, por cada grado que aumenta el calentamiento.
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