IVÁN ARIAS
Qué impide que los datos del censo relevados hace medio año atrás no se conozcan aun? Acaso los datos están tejidos en quipus, contados en ábaco e interpretados en coca?: Digan lo que digan el INE no muestra eficiencia ni transparencia en este tema tan importante para las decisiones económicas y políticas de los gestores públicos. Y es que el conocimiento preciso y objetivo de los datos censales servirán, entre muchas otras cosas, para sentar las bases de la discusión y, ojalá, pactos en tres aspectos fundamentales entre el nivel nacional y las entidades subnacionales (municipios y gobernaciones): el pacto fiscal (distribución de recursos económicos entre niveles de gobierno), el pacto político ( reasignación de escaños parlamentarios en el Congreso Nacional) y el pacto territorial (definición de límites entre municipios y departamentos).
Hoy me referiré al posible pacto fiscal desde una visión más global que me permitirá en otras entregas desarrollar propuestas específicas. Desde que se aprobó y aplicó la Ley de Participación Popular (LPP, 1994) la relación entre regiones y gobierno central raya un antes y un después. Un antes, marcado por el centralismo absorbente-secante, y un después que pulsa y avanza en la construcción de mayor y mejor autonomías locales. Cuatro transformaciones tuvo la LPP y una de ellas tuvo que ver con el aspecto económico-financiero en el que el poder central renunciaba y transfería recursos nacionales a las entidades territoriales autónomas y, por otro, les transfería potestades para la generación de su propios recursos. Esta Ley sentó las bases para lo que fue la ley de Hidrocarburos (LH,2005) y la asignación de la renta petrolera que se hace en base a ella para todos los niveles de Gobierno.
Es importante que para el próximo pacto fiscal no iniciemos ni entremos a discutir sólo y únicamente lo de la plata como ya lo están haciendo algunos oficialistas y opositores. El pacto fiscal debería ser una gran oportunidad para que los bolivianos analicemos el norte hacia dónde queremos y debemos ir. En ese sentido el debate del pacto fiscal no debe limitarse a la asignación de recursos sino que debe abordar de manera integral el conjunto de las finanzas públicas, a saber: gasto público, administración tributaria, deuda pública, déficit fiscal, patrimonio público, empresas públicas, desarrollo económico, transparencia y profundización de las autonomías.
Por lo tanto el contenido del pacto fiscal no debe circunscribirse al corto plazo, sino que debe estar orientado hacia principios y compromisos con visión de mediano y largo plazos. Por supuesto y dada la proximidad de las elecciones nacionales, el debate del pacto fiscal debería convertirse en el eje articulador de las propuestas programáticas de los partidos y alianzas que tercien para hacerse del poder el 2015. De esa manera, las elecciones del próximo pueden abrir la posibilidad de que el pacto fiscal sea una decisión de Estado y no la decisión de un gobierno.
Para empezar debemos bregar para constituir un equipo de gran inclusión técnica y política que tenga en sus manos la tarea de establecer las reglas del análisis y de elaborar una propuesta que permita arrancar el debate. Por supuesto las lecciones de países que han hecho pactos fiscales es útil para no cometer errores:
En Estados Unidos, el Reino Unido y Suecia el poder legislativo y los principales partidos políticos llegaron a acuerdos dentro de un marco claro y estable de reglas, el cual permitió que el cambio en la correlación de fuerzas diera lugar a nuevas políticas sin alterar las reglas básicas del juego. En Chile hubo un proceso de consulta con sectores laborales y se tomó en cuenta la posición de la cúpula empresarial chilena en la formulación de las propuestas de reforma, pero estas se negociaron directamente entre la coalición de gobierno, la Concertación por la Democracia y el principal partido de oposición, Renovación Nacional.
En Polonia el gobierno favoreció el desarrollo de negociaciones entre trabajadores y el Estado hasta culminar con lo que se convirtió en un pacto social que cubrió tanto el tema de los salarios —convenidos por la vía de una comisión tripartita de gerentes, gobierno y trabajadores— como el de la política tributaria, que luego fue ratificado por el organismo legislativo. El gobierno ruso, en cambio, acudió a una negociación de elites, muy diferente a la negociación colectiva polaca. En particular, procedió a negociaciones informales con i) gobernadores regionales, dando lugar a acuerdos bilaterales sobre la proporción de ingresos para el gobierno central y los gobiernos locales; ii) gerentes de empresas estatales productoras de las materias primas exportadas, que eran las principales fuentes de ingresos, y iii) empresarios del sector financiero, que se convirtieron en las principales fuentes de crédito del gobierno así como en administradores de recursos del Estado.
La mesa está ahí y es de nosotros, los que pensamos en Patria, servirla para que todos nos beneficiemos.
* Ciudadano de la Republica Plurinacional de Bolivia
Tomado de hoybolivia.com.bo
