BORIS GÓMEZ
Debe ser una maravilla tener mucho dinero para gastar. Para despilfarrar en gasto corriente. Recientemente la prestigiosa fundación privada Jubileo hizo públicas críticas relacionadas a utilización de ingresos del Impuesto Directo a Hidrocarburos (IDH), creado por Ley de 2005.
Lo alarmante es que el 97% de ese dinero es utilizado en “gasto corriente”: en bonos políticos que sólo cubren expectativas coyunturales de la población más no solucionan temas estructurales como sistemas de salud gratuitos, educación e infraestructura urbana y rural.
Naturalmente explicaciones y contra-justificaciones no se harán esperar, pero de confirmarse esta realidad estamos ante una catástrofe de visión. No haber utilizado dineros fiscales por ingresos de IDH, entre otras rentas por hidrocarburos, a proyectos específicos del área energética es una tremenda irresponsabilidad.
Hace años públicamente solicité al Parlamento que tome la iniciativa e invite a alguna prestigiosa universidad internacional especializada en asuntos financiero-fiscales a hacer una minuciosa auditoría al IDH y a los usos e impactos que tuvo en la sociedad boliviana. Hay que fijar responsabilidades del gasto del IDH en todos los niveles del Estado.
Ejemplo, grosso modo: subvención a carburantes se llevó ya una cifra similar a 2.000 millones de dólares en estos seis años de administración socialista, cifra que bien podría haber sido destinada a pagos de construcción de una planta de conversión de gas a líquidos (GTL, a diésel Premium).
Errores de esa magnitud son causados porque no existe visión clara de la cuestión energética boliviana: con el agregado que se puede afirmar ya el fracaso de la denominada “nacionalización” -de la que ni mencionan- y de la industrialización -a la que prefieren que nadie la recuerde-. El propio mentor de las nacionalizaciones, el ex ministro Soliz Rada, quedó decepcionado de los actuales dirigentes estatales.
Volvamos: sólo analizando el destino del IDH –de confirmarse información de Jubileo, y mejor aún si hay corroboración internacional como se sugiere- estaremos -con las distancias del caso- ante similar hecho que ocurre en la Venezuela chavista: allá hay un despilfarro a diestra/siniestra de la renta petrolera en temas de politiquería, de sustento de regímenes títeres en el continente y otros.
En Bolivia como no hubo inversión extranjera importante en procesos de exploración, menos de producción o transporte, refino ni comercialización, estamos gravando elgovernment take sobre volúmenes de gas y líquidos y negocios que no han crecido. El riesgo de la disminución del ratio: producción/reservas de gas es ya un hecho y no sólo que el cumplimiento de contratos externos se vuelve un (des) equilibrio permanente, sino que se han involucrado en negocios difíciles de cumplir como, por ejemplo, prometer volúmenes de gas al Mutún sin tener volúmenes producidos y certificados.
Cuando se tiene dinero a mano llena con poca creatividad y cero producción de otros rubros de la economía, obviamente se echa mano de ingresos del gas. La denominada “industria” estatal -al mejor estilo de Cuba- no funciona: cualquier Estado socialista es mal empresario. Muchos proyectos y bonos, cero rentabilidad: fábricas de cartón, de papel, de leche, satélites y otros artilugios -muy bonitos pero costosos- y que son financiados por el gas natural.
¿Por qué no invertir en la principal riqueza de Bolivia que es el gas natural en vez de despilfarrar el dinero del propio ingreso de hidrocarburos en cosas triviales? Lo ideal sería que el 90% de ingresos por hidrocarburos cubran proyectos de industrialización y agregación de gas a escala.
Hasta 2011 el tesoro boliviano tuvo en sus manos 13.720 millones de bolivianos (unos 1.970 millones de dólares), cifra que -con accesorios- hubiera cubierto repagos de una planta de GTL o un proyecto a escala de gas-química. O mejor aún: con 100 millones de dólares se hubieran preparado nuevas generaciones en universidades de Estados Unidos, Europa y el Asia, nueva camada de profesionales en gas, petróleo, ingenierías civil, sistemas y software, administración de negocios y derecho corporativo que sean los que dirijan el Estado en los próximos 15 años.
Coincido plenamente con la preocupación de la fundación Jubileo: es una preocupación de todos los bolivianos.
Boris Gómez Úzqueda es catedrático en MBA-Hidrocarburos.
Tomado de paginasiete.bo
