Editorial de opinion.com.bo
Los ingresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) van destinados, en su mayor parte, a gastos corrientes antes que a proyectos estratégicos de desarrollo.
Según un estudio de la Fundación Jubileo menos del 4 por ciento de los recursos del IDH llega a financiar a sectores productivos. Su principal destino es el financiamiento de la Renta Dignidad, en un 26 por ciento ; entre 18 por ciento y 19 por ciento va a Gastos Corrientes del Nivel Central y entre 10 por ciento y 11 por ciento a Educación. Las universidades cuentan con 5 por ciento y el resto va a salud, caminos, infraestructura (urbana, rural y vivienda), entre otros.
Reforzando la política de priorizar el gasto corriente, dos decretos supremos aprobados hace pocos días autorizan a las universidades públicas asignar hasta un 15 por ciento de los recursos percibidos en cada gestión por concepto del IDH para financiar gastos de operación y funcionamiento de la desconcentración académica.
Los municipios, que manejan importantes recursos provenientes del IDH, también adelantaron su interés de ampliar el gasto corriente.
Esa política de privilegiar los gastos en lugar de las inversiones productivas es inaceptable.
Los ingresos por el IDH no son sustentables en el tiempo porque provienen de recursos no renovables. Si con esos fondos no se impulsa el desarrollo productivo y la generación de empleo, la época de bonanza económica por el alto precio de los hidrocarburos dejará muy pocos réditos a Bolivia.
Con el criterio de destinar los impuestos hidrocarburíferos a gastos corrientes se pone en riesgo el patrimonio nacional, en un momento en el que todas las economías del mundo buscan optimizar el uso de sus ingresos para hacer frente a la crisis mundial.
Es hora de reordenar la distribución y el destino de los recursos públicos, considerando que, con la Ley Marco de Autonomías, los gobiernos departamentales y municipales autónomos deciden en qué gastar sus recursos.
Analizar el destino de los ingresos del IDH tiene que ser una tarea participativa, no sólo decisión del Gobierno. Se debe definir cómo y quién puede hacer la inversión productiva y cómo incluir la participación del sector privado en esta dinámica. Esta labor exige amplio debate y criterios de planificación estratégica para el desarrollo. Hasta ahora, la distribución de los recursos del IDH ha sido conforme a decisiones políticas, presión y protesta.
La necesidad de un Pacto Fiscal para redistribuir los ingresos nacionales es un tema urgente que se lo ha postergado hasta después de la realización del Censo previsto para el próximo 21 de noviembre. Ese debate es fundamental. Actualmente, según el Artículo 57 de la Ley de Hidrocarburos, el 4 por ciento del impuesto va a cada departamento productor y el 2 por ciento a los no productores, pero podría definirse una distribución según el número de población o de acuerdo al impacto de los proyectos nacionales.
El IDH proviene del 32 por ciento del valor de los hidrocarburos explotados. Representa para el Tesoro General de la Nación el 8 por ciento de los ingresos; las regalías y patentes bordean el 6 por ciento , con lo que el sector de los hidrocarburos aporta con el 14 por ciento a la economía nacional.
Los ingresos por hidrocarburos se han multiplicado por seis en los últimos ocho años, pero no se ha observado similar crecimiento en la generación de empleo, ni en el desarrollo de los proyectos productivos. En 2004 se percibía 2.285 millones de bolivianos de renta petrolera. En 2005, con la creación del IDH, la renta aumentó a 4.980 millones. En 2011 los ingresos llegaron a 13.720 millones de bolivianos.
El periodo del auge económico por la extracción de recursos no renovables está pasando y no se debe dilapidar más los recursos del IDH.
