RÓGER MARIO LÓPEZ
El sistema de precios desempeña un papel fundamental e irremplazable en la economía de cualquier país. Tiene funciones tales como transmitir información -solo al que la necesita-, se convierte en incentivo mismo para utilizarlo y se encarga, además, de la correcta asignación de los recursos. Siendo estos escasos, sus precios relativos determinan quién realmente necesita y puede ser acreedor de un bien o servicio específico.
Ignorado por muchas autoridades, los precios relativos son modificados por medio de leyes con el fin de establecer ‘precios justos’ para el ciudadano de a pie.
A simple vista esto podría ser beneficioso para las familias que consumirían más a costa de los productores, pero una vez que las fuerzas del mercado se equilibrasen, la situación derivaría en una escasez del bien o servicio regulado, puesto que los productores, al precio reglamentado, no pueden cubrir la cuota que les demanda el mercado, provocando mayores pérdidas para la sociedad.
Es aquí -cuando los precios se hacen ‘mentirosos’- que aparecen nuevos mecanismos para racionar los bienes, como las filas que perjudican y causan pérdidas a la población.
Un discurso común de los gobiernos para modificar el sistema de precios es asegurar a la ciudadanía una ‘satisfacción de la demanda interna’, pero esto es una falacia, ya que la única forma de concluirlo sería que los precios relativos fuesen cero. A cualquier precio diferente de cero siempre habrá alguien que no adquirirá ese bien o servicio, en este caso las personas más pobres, que son utilizadas con fines de tinte político.
Como estos, hay miles de ejemplos por los cuales se intenta modificar el sistema de precios, pero cualquier intento de modificarlo llevaría indudablemente a un desajuste en dicho mecanismo, provocando pérdidas para toda la sociedad y llevando a tomar decisiones equivocadas a las personas. Se desperdiciaría también recursos e inversiones potenciales que pudieran servir para beneficio de todo el país.
Estudiante de Economía
Tomado de eldeber.com.bo
