Fuente: fundacion-milenio.org
Eficacia reguladora
Después de un incremento de la libertad empresarial en 2006 la tendencia cambió. El indicador se extrae del informe Doing Business del Banco Mundial y representa la facilidad con la que puede iniciarse, operar y cerrar un negocio en diversos países tomando como parámetros, por ejemplo, la cantidad de días requeridos para abrir una empresa, el número de requisitos y el capital mínimo. En 2015 el índice fue 53.7, cifra que expresa un aumento de la burocracia, si bien no excesivamente. La implicación de la magnitud de este indicador es que cada vez es más difícil realizar un emprendimiento empresarial.
El comportamiento cíclico del índice de libertad monetaria fue producto de la variación de la inflación y del control de precios, que implicó una disminución de la tasa de inflación de un 84.9 en 2005 a un 69.7 en 2015. La situación ideal para un mercado libre es la estabilidad de precios y la ausencia de intervención de los mismos. En Bolivia es cada vez más común la fijación de precios en diversos productos con el argumento de conseguir “precios justos” y abastecimiento en el mercado local, lamentablemente este tipo de políticas solo consiguen distorsionar los precios y la actividad económica en general.
La eficacia reguladora en la libertad laboral se encuentra en un punto muy bajo con un valor de 25.5 en 2015, lo que no es de extrañar dados los constantes incrementos salariales, aumentos salariales globales y del salario mínimo, además de otras rigideces en el mercado laboral como la fijación de un salario mínimo sin considerar la productividad de los trabajadores, las horas trabajadas, dificultades en la contratación y despido de empleados además de aportes requeridos de los empleadores. Este conjunto de elementos ocasionan una restricción en la libertad económica.
Apertura de los mercados
Al contrario de la mayoría de los otros indicadores la libertad comercial tuvo una tendencia ascendente con niveles superiores a los de fines de la década de 1990 90 e inicios del 2000, llegando a su punto máximo en 2009 con un 81.8 y posteriormente manteniéndose por encima de 74.0. Esto indica que los aranceles y barreras arancelarias a diferentes niveles que afecten a las importaciones y exportaciones fueron limitados. Ante la actual coyuntura de clara desaceleración y disminución de ingresos el gran reto consiste en evitar la tentación de recurrir a medidas proteccionistas con el fin de mejorar la balanza comercial, mermando la libertad comercial, económica e individual.
Alineado con el estado de derecho está la libertad de inversión. Hasta inicios de la década de los años 2000 este indicador se encontraba en 90.0 dando a entender que en el país las inversiones estaban garantizadas con la libre movilidad de capitales, en 2005 cayó hasta 50.0 y en 2015 a su mínimo con 10.0. La persistente intervención estatal, expresada, entre otros aspectos, con las estatizaciones continuas, sin acordar con los afectados una compensación justa, restricciones en la propiedad de los bienes y otras más, deterioró la libertad de inversión. Los factores señalados anteriormente contribuyeron a la retracción de la inversión extranjera directa (IED) que es baja respecto al PIB. Si bien en valores absolutos la IED aumentó en los últimos años, en relación al PIB no logró alcanzar los niveles de fines de los años 90. Mientras en 1999 la IED fue 12.2 por ciento del PIB en 2013, el nivel más alto de la última década, fue 5.7 por ciento del PIB.
Finalmente la libertad financiera no pudo sostenerse en 70.0 y bajó hasta 50.0, nivel que mantuvo estable desde 2010 hasta 2014 pero en 2015 rebajó nuevamente muy probablemente debido al cambio de normativa en el sistema financiero interviniendo de manera directa en el destino del crédito, restringiendo la libertad de elección a los bancos y las personas. El actual valor de 40.0 indica una fuerte interferencia estatal, con un banco central influenciado por el gobierno además de la propiedad y control de instituciones financieras, como es el caso del Banco Unión en Bolivia.
Algunas conclusiones
Según la clasificación, de las 4 categorías del ILE, tenemos la mejor puntuación en el tamaño del gobierno aunque la tendencia es a descender por el constante aumento del gasto del gobierno que en los próximos años planea incrementarse fuertemente por la caída de los ingresos y, por ende, puede derivar en un déficit constante y una aun mayor deuda externa. La eficacia reguladora y la apertura de los mercados fueron las categorías de mayor deterioro que de un índice de 62.5 en 2005 disminuyó a menos de 50.0 en 2015. En otras palabras se situó en el espacio de las economías reprimidas. La constante burocracia para iniciar y cerrar un negocio conjuntamente con la mayor carga laboral, poca seguridad a la propiedad privada, estatizaciones y control del sistema financiero, entre otros factores, restringieron la libertad económica en el país y, en consecuencia, desincentivando a las actividades económicas formales.
Sin lugar a dudas, como se mencionó al inicio, la categoría en la que la economía boliviana tiene el desempeño más bajo es el estado de derecho que, a su vez, incide en las otras libertades económicas y personales. Si bien parece existir una mejora en la lucha contra la corrupción los derechos de propiedad no se garantizan adecuadamente en Bolivia. Un estado de derecho deteriorado puede reflejarse en una débil eficacia reguladora y una menor apertura de mercado, debido a que se afectaría la seguridad jurídica para invertir.
Recomendaciones
Considerando que una mayor libertad económica fomenta un mayor crecimiento económico y bienestar en los individuos, resulta deseable avanzar hacia ese objetivo. El Estado boliviano avanzó en sentido contrario restringiendo las libertades económicas. Existe relación entre la libertad económica y el ingreso per cápita, a mayor índice el ingreso per cápita tiende a ser más alto, es así que, considerando las particularidades, países con sus economías reprimidas y libres pueden llegar a tener una diferencia importante en sus ingresos. En la región, Chile, el de mejor desempeño, se encuentra muy cerca de la categoría de economía libre con un ingreso per cápita real (medido por la paridad de poder de compra) de US$ 19,067 mientras Bolivia, una economía reprimida, tiene un ingreso per cápita de US$ 5,364, según muestra el ILE 2015.
Para mejorar el desempeño económico no solamente se debe aumentar la inversión en proporción del producto (tasa de inversión), sino que fundamentalmente es necesario ampliar el espacio a la inversión privada, tanto nacional como extranjera, y no privilegiar el gasto e inversión del Estado. Por lo tanto, es necesario suprimir la totalidad de las restricciones impuestas al movimiento del mercado, las mismas que pudieron generar efectos positivos en el corto plazo, sin embargo a mediano y largo plazo son contraproducentes para lograr un desempeño económico sostenible. Igualmente debe facilitarse una mayor interacción entre privados para llegar a un acuerdo adecuado entre partes, solucionando controversias de la manera más eficiente, equitativa e imparcial. Aspectos que contribuirían a disminuir significativamente los costos de transacción. Esto nos lleva a centrarnos en la necesidad de un estado de derecho que garantice efectivamente condiciones óptimas a los individuos para su desarrollo personal y colectivo con el consiguiente beneficio en el desarrollo del país.
