FUNDACIÓN MILENIO  

El rol del Estado en la economía ha convocado debates fundamentales en todo el mundo, marcando también una línea divisoria en las propuestas de políticas de desarrollo económico.
En un extremo se sitúan quienes consideran que los mercados son esencialmente injustos y que, por tanto, deben ser reemplazados por la acción del Estado. Desde esta perspectiva se considera que es posible que las presencias y necesidades de la gente sean expresadas políticamente, de manera que los funcionarios públicos puedan planificar la producción y distribución de bienes y servicios de una manera que todos satisfagan sus necesidades.
La aplicación de esta idea dio lugar a varios experimentos históricos, alentados por la crítica al capitalismo que hicieron Marx y Engels. Su estrepitoso fracaso fue admitido en Europa del Este y dio lugar a la transición que viven aún varios países de ese continente, y ha impulsado cambios en el Asia, donde varios países también fueron seducidos por esa propuesta. De ellos quedan pocos, aplicando sus políticas con una obcecación que solamente puede ser soportada por sus pueblos debido a que el control estatal sustituyó la información por propaganda.

En el otro extremo se encuentran quienes consideran que el Estado es un estorbo para la economía, y que es aprovechado por grupos improductivos para apropiarse de una parte de la riqueza que genera el trabajo y la creatividad de las personas. Esta corriente tiene sus fundamentos teóricos en el pensamiento liberal, que se remonta a Aristóteles y se desarrolla con Locke, Voltaire, Rousseau, Adam Smith, Bentham, Kant, Hume, los Mill, von Mises, Hayek y recientemente por Ayn Rand, Milton Friedmann y Amartya Sen entre otros. Sus propuestas nunca han sido plenamente aplicadas pero sí influyeron en la formación de las repúblicas democráticas, que admiten un rol importante pero limitado para el Estado, sobre la base del control de la ley, la división de poderes y los derechos humanos.
Entre esos dos polos podemos encontrar a la mayor parte de los países del mundo.

Unos, que por razones de simplificación pueden denominarse estatistas, se acercan al primer modelo buscando darle al sector público un rol predominante en la asignación de recursos mediante el control de los flujos económicos y una activa intervención en los mercados. Las teorías socialistas son más importantes para unos que para otros, pero en general todos dan más importancia a la justicia social que a la libertad, y de hecho tienden a sacrificar ésta con el argumento de que la política puede corregir las fallas del mercado.
Los otros, que también por simplificación se denominarían liberales, se acercan al segundo modelo, dando prioridad a la libertad de las personas y limitando a través de la ley la acción del Estado, en la convicción de que el rol fundamental del estado es el de proteger los derechos individuales y colectivos, especialmente de los grupos minoritarios y desfavorecidos (niños, adultos mayores, personas con discapacidad, inmigrantes, minorías étnicas, etc.). El papel del Estado, para esta corriente, debe limitarse a la vigilancia de los contratos, la protección de los derechos de los consumidores y trabajadores, el respeto a la propiedad individual y la regulación de mercados sensibles.

Y aunque en el largo plazo los resultados de desarrollo alcanzados por esos dos grupos de países muestran claramente las limitaciones del estatismo para alentar la actividad humana, impulsar la tecnología y la productividad y ofrecer una creciente disponibilidad de bienes y servicios, ningún país ha sido inmune a oscilaciones entre ambos polos. Gran parte de la lucha política se expresa, en realidad, en la competencia entre quienes tienen más fe en el Estado que en la gente y los que confían más en que la racionalidad de las personas les permitirá actuar en su propio beneficio, contribuyendo al bienestar de la sociedad.
Este debate, resumido acá de manera esquemática, ha estado presente en Bolivia desde los albores de la República. Proteccionistas y liberales, republicanos y nacionalistas, socialistas y demócratas han representado esas corrientes y, a su turno, han conducido la política económica en un continuo vaivén.

En las últimas décadas el país experimentó una nueva oscilación entre ambos modelos. Luego de la profunda crisis del modelo estatista en los años 1980, en la década de los 1990 se aplicaron políticas de apertura económica y liberalización de mercados desmantelando los instrumentos de intervención directa del estado

(como las empresas y los bancos estatales) y fortaleciendo los sistemas de regulación y del estado de derecho. Pero a partir del 2006 se intenta volver a una economía dirigida por el Estado, con expropiaciones y adquisiciones forzadas, así como expandiendo las inversiones en áreas de producción, comercio, transporte y servicios, y sujetando las instituciones al poder central.
La relativa cercanía de ambas experiencias y el nivel de disponibilidad de datos estadísticos permite ensayar nuevas comparaciones. Obviamente, para que sean válidas hay que tomar en cuenta los cambios producidos en las condiciones económicas y políticas entre una y otra experiencia. Esto es lo que ha hecho un grupo diverso de doce economistas con especialidad en historia, econometría, micro y macro economía y políticas públicas.
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Los resultados de ese trabajo, que se basó en el contraste no sólo de ambas experiencias sino de enfoques teóricos y políticos, ha sido reunido en un volumen titulado "Estatismo y Liberalismo. Experiencias en desarrollo".
Aunque es muy difícil resumir los hallazgos de un esfuerzo tan amplio, el lector puede llegar fácilmente a sus propias conclusiones cuando toma en cuenta que en los años 1990, con déficit fiscal y severas restricciones de balanza comercial, un gobierno que carecía de mayorías electorales y parlamentarias pudo sin embargo alcanzar tasas de crecimiento de la economía similares a las de los últimos años. En éstos, ya orientados por una política estatista, a pesar de contar con superávits fiscales y comerciales, una gran solvencia en el sector público y el control de todos los poderes, con capacidad incluso para cambiar la Constitución y los tribunales, alcanza resultados muy similares.

Donde parece haber una diferencia es en el impacto en la reducción de la pobreza, que ha sido mayor en la etapa reciente. Pero, como lo hacen notar algunos de los autores, es una diferencia de magnitud, no de calidad. Es decir que se ha logrado un impacto mayor porque se cuenta con más recursos, y no porque se haya hecho algo diferente. En realidad, se ha seguido aplicando el mismo instrumento distributivo, que es el de los bonos, sobre todo el destinado a los adultos mayores, que es el de mayor cobertura y significación.
En ese sentido, el balance final debe recordar que las dos políticas estelares del periodo estatista, el boom de exportaciones y la distribución directa mediante bonos, se diseñaron y comenzaron a implementar en el periodo liberal anterior. Al parecer, a través de la libertad se alcanza más fácilmente la justicia.

Pocas veces el país ha tenido oportunidad de experimentar modelos de política económica de una manera tan profunda y consistente como ha sucedido entre 1990 y ahora, por lo que resulta particularmente útil revisar críticamente esas experiencias y aprender de ellas a fin de tomar las decisiones adecuadas para un futuro mejor.

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