CARLOS ALARCÓN
Estamos tan frustrados, decepcionados, escépticos y defraudados los bolivianos de no poder contar con un sistema de justicia que se encuentre a la altura de nuestros sueños, deseos, anhelos, aspiraciones y necesidades, que desde la fundación de la república venimos arrastrando este drama y no lo hemos podido resolver hasta ahora. Es más, en los tiempos de la revolución democrática y cultural este problema se ha agravado exponencialmente, configurando uno de los peores escenarios históricos vividos en el país.
Entonces, la justicia que queremos es un mito inalcanzable, una utopía irrealizable, una ficción de otro planeta o, por el contrario, es una realidad posible y factible, accesible y realizable, cuyas bases y cimientos pueden generarse en el corto plazo. Es tal el desánimo ciudadano en este asunto (el muro de los lamentos) que probablemente muchos compatriotas optarán por la primera respuesta, pero, aunque parezca una venta de ilusiones, yo me inclino por la segunda, como pretendo demostrar a continuación.
El primer dato relevante consiste en que la llave para diseñar, implementar y ejecutar la "justicia que queremos” la tenemos los propios ciudadanos. El problema es que no nos hemos dado cuenta de ello y seguimos pensando que esto depende de los gobernantes de turno y, por ello, como resulta obvio, nos invade la frustración y el pesimismo, porque la justicia que le interesa al poder político no es la que le interesa a la gente, al ciudadano de a pie.
Al poder político le interesa una justicia dependiente, servil, deshonesta, sumisa, manipulable, con falta absoluta de personalidad, resignada, ineficiente, incompetente, etc, etc, etc.; la Cenicienta entre todos los órganos del Estado.
Por ello, la única opción, viable y auténtica, consiste en construir la "justicia que queremos” desde abajo (sociedad civil) hacia arriba (poder político) y no al revés, porque de lo contrario, el poder político nos venderá gato por liebre, como ya lo hizo con el sistema de elección por voto de las altas autoridades judiciales, que fue instrumentalizado y bastardeado para construir el peor sistema judicial de la historia de Bolivia.
Esta llave mágica ciudadana, que está al alcance de todos, se llama "Iniciativa Popular Constituyente”; la promueven un grupo de ciudadanos que redactan los cambios judiciales al texto constitucional, formalizan la iniciativa ante el TSE, consiguen el 20% de adhesiones a nivel nacional y van directamente a referendo (voto en las urnas de los ciudadanos) para el cambio parcial de la CPE, sin necesidad de que los contenidos de la reforma pasen por el Presidente del Estado ni por la Asamblea Legislativa Plurinacional (aunque usted no lo crea).
Es como si el gran tesoro perdido que estamos buscando por siglos y siglos, lo tuviéramos dentro de la propia casa y, en lugar de darnos cuenta de ello, creemos más bien que está afuera, al alcance de los ladrones que nos lo quieren robar. Frente a ello, lo único que queda decir es "Pueblo Soberano”, "Voz de Dios”, despierta, despabílate, sal de la modorra, rompe la inercia, desiste del escepticismo y de la impotencia. Alcanza tu mayor objetivo histórico: "La Justicia que Queremos”.
El presupuesto inexorable, ineludible, básico y fundamental del que depende todo lo demás es la independencia judicial, especialmente del poder político, por esto no son suficientes cambios funcionales a nivel de la legislación (aunque se realicen 1.000 cumbres judiciales), sino cambios estructurales a nivel de Constitución. Si hacemos el trabajo al revés, creyendo que el nudo gordiano del problema está en el retardo judicial, en la corrupción de los operadores, en la cantidad de jueces o fiscales, en su capacitación, etc., y no resolvemos la falta de independencia, podremos tener un hermoso edificio de 100 pisos, muy bonito y elegante a la vista exterior, pero que se derrumbará como un castillo de naipes al primer viento que sople porque sus cimientos serán de papel o espuma.
Para lograr la independencia judicial empecemos a soñar, imaginemos una justicia:
En la que un Tribunal de Notables (Tribunal de Méritos y Castigos) designe a todos los jueces del país por concurso público de méritos (y a todos los demás operadores del sistema); tribunal compuesto, a su vez, por Notables designados en su mayor número por la Sociedad Civil organizada y, en el menor, por distintos órganos del Estado.
En la que todos los jueces del país desempeñen sus cargos de manera inamovible, salvo mala conducta o ejercicio irregular, con destitución a cargo del mismo Tribunal de Méritos y Castigos y no de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
En la que se garantice constitucionalmente al sistema judicial recursos financieros del TGN del 10% por año de gestión, como mínimo, presupuestados y administrados, autónomamente, por el Tribunal de Méritos y Castigos (dejaría de ser la Cenicienta). La mayor parte de estos recursos serían utilizados para la creación de nuevos juzgados y tribunales de acuerdo a la tasa demográfica y a la carga procesal, así como para la capacitación judicial y mejoramiento de las condiciones de infraestructura y equipamiento de las casas de justicia, Defensa Pública, Unidades de Mediación, Conciliación y Arbitraje y de Procesamiento Científico de Prueba Forense.
En la que todos los jueces del país tendrían la misma jerarquía, derechos, deberes y remuneraciones, y sólo se distinguirían por su especialización técnica y trabajo funcional; en la que el nivel de excelencia y dedicación en los cargos sería el mismo para el juez de frontera o provincia, Achacahi, Villazón o Bermejo, o para el de las grandes ciudades, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Sucre.
En la que no existirían burocracias, grados ni jerarquías judiciales, sino la capacitación profesional y científica que reemplazaría a la carrera judicial, porque la única preocupación de los jueces sería la de administrar recta justicia en los cargos que ocupan, sin necesidad de pagar facturas externas e internas para ascender en la pirámide de puestos u obtener la renovación de sus cargos para otros periodos de gestión. En el cargo al que ingresaron terminarían su función; en él encontrarían todo el mérito, respeto y confianza ciudadana, y todos los honores y beneficios a los que legítimamente puedan aspirar y que, además, serían iguales a los de los demás jueces.
En la que las únicas preocupaciones de los jueces para poder mantenerse en sus cargos vitalicios sean las de un desempeño honesto y de calidad, y la de su permanente e inagotable capacitación y formación profesional. Por fin terminaría la alta rotación de jueces, que les impide mantener y mejorar su perfil de especialización.
En la que la mayoría de las causas y litigios penales, civiles, comerciales, familiares, laborales y otros de similar naturaleza se resolverían en el ámbito municipal de las casas de justicia, descentralizadas en los barrios donde viven los ciudadanos, en el ámbito municipal, y no centralizadas en los palacios o ciudadelas judiciales. A unas pocas cuadras de los domicilios de los ciudadanos el acceso a la justicia plena y oportuna estaría garantizado.
En la que las casas de justicia serían multifuncionales, con presencia de jueces, fiscales, mediadores, conciliadores, árbitros, policía en función judicial, defensores públicos, peritos forenses e inclusive autoridades de la justicia indígena originaria campesina, si así lo acuerdan sus representantes. En estas casas de justicia el rol central lo tendría el receptor de procesos, experto en métodos alternos de resolución de controversias, que priorizaría la asignación de casos para su resolución por vías alternativas al proceso judicial formal, si la naturaleza de los mismos lo permite.
Con el presupuesto anual garantizado del 10% de los ingresos del TGN se instalarían cuantas casas de justicia sean necesarias para satisfacer y atender de manera eficiente y eficaz toda la demanda ciudadana de este servicio público vital para la gente.
En la que el arbitraje, la defensa pública y el servicio científico de procesamiento de pruebas forenses tengan rango constitucional. El arbitraje con capacidad plena para ejecutar coactivamente todas sus resoluciones, evitando el peregrinaje ante la justicia formal para que se cumplan sus laudos; la defensa pública a favor no sólo de los imputados, sino también de las víctimas de delitos y de sus familiares, y para la protección no sólo penal de los bienes jurídicos individuales, sino también para la constitucional y administrativa de los derechos colectivos, como al medioambiente sustentable, la salud pública, el patrimonio histórico, arquitectónico y cultural, el consumo de bienes esenciales para la población y otros.
En la que los peritos forenses del Servicio Público de Procesamiento de Prueba estén a disposición de todas las partes del proceso, no sólo del Ministerio Público, sino también de la defensa, y para todo tipo de procesos penales y administrativos en los que estén en juego derechos colectivos o intereses difusos.
En la que todos los procesos se resolverían en una sola y única instancia, con excepción de los penales, que tendrían doble instancia. Y en caso de violación de derechos y garantías constitucionales, la revisión estaría a cargo de juzgados constitucionales descentralizados del Tribunal Constitucional Plurinacional que, además, se harían cargo de hábeas corpus, amparos, hábeas data, acciones populares y de cumplimiento, sin necesidad de revisión por el TCP cuando el fallo sea favorable al derecho o garantía vulnerado. Con esto, la justicia constitucional se convertiría en un verdadero garante de la unidad del sistema jurídico bajo el paraguas de la Constitución.
En la que todos los procesos no duren varios años, en un vía crucis inacabable e inagotable que no concluye hasta que no se agotan todas las instancias recursivas e incidentales, debido a que los métodos alternos de resolución de controversias se convertirían en la regla y el proceso judicial formal en la excepción, rompiendo con una pésima costumbre típica de una sociedad pleitómana. El eje central de los procesos ya no serían las formas, incidentes y recursos impugnativos, como lo es ahora, sino la justicia de fondo, el rápido y efectivo restablecimiento de los derechos violados.
En la que existirían tribunales departamentales para litigios administrativos entre el Estado y particulares, y coactivos fiscales entre el Estado y sus funcionarios, de nivel municipal, regional y departamental; litigios penales contra servidores públicos de estos niveles territoriales y por afectación de bienes públicos con el mismo alcance territorial. Con esto se garantizaría la plena vigencia de los ordenamientos jurídicos subnacionales en su propia estructura jerárquica, que ahora está totalmente desatendida.
El Tribunal de Méritos y Castigos, como cabeza de la organización judicial, y los tribunales nacionales de justicia (Ordinaria, Agroambiental y otros especializados que se establezcan) radicarían en la ciudad de Sucre.
En grandes rasgos, ésta es la propuesta que he plasmado en forma de proyecto de iniciativa popular constituyente y de articulado de reforma parcial a la Constitución, que fue publicada en ediciones anteriores del suplemento dominical Ideas de Página Siete. Por el formato de articulado comprendo que la lectura fue tediosa y aburrida para muchos lectores que no son abogados, pido disculpas por ello. Esta propuesta, según el enfoque con el que se la juzgue, podrá ser regular, buena o mala (agradezco el sólo debate de ella), pero lo más importante a tener en cuenta de este ejercicio no es su contenido, sino la demostración de que los ciudadanos de a pie tenemos la llave maestra, la varita mágica para construir la justicia que queremos: la Iniciativa Popular Constituyente. Lo único que hace falta es que nos animemos a hacerlo.
¿Quienes deberían ser los motores de este cambio? La sociedad civil (víctima del sistema) y los jóvenes estudiantes de Derecho, que todavía no han sido cómplices por acción u omisión de la creación y funcionamiento de esta medusa de mil cabezas que nos está devorando a todos, especialmente a los derechos y garantías constitucionales. Los estudiantes de Derecho que quieren estudiar y ejercer verdadera ciencia jurídica y que se resisten a ingresar a esta máquina trituradora de la justicia.
Tomado de paginasiete.bo
