ERIC CÁRDENAS
En el modelo de economía abierta o de libre mercado, la actividad privada tiene un importante rol en el desarrollo y crecimiento económico. A diferencia del totalitarismo de Estado que todo lo absorbe y nada escapa a su control y más aún la propiedad (comunismo y fascismo), en el que el individuo está al servicio del Estado y es una pequeñísima pieza de su aparato burocrático, en el modelo liberal o de libertades, el individuo tiene la libre iniciativa para procurarse los ingresos que le permitan solventar a él y su familia los gastos de la vida cotidiana.
En nuestro país en este tiempo y también antes, la actividad o iniciativa privada resulta una quimera, pues las condiciones que le da el Estado no le permite desarrollar y peor aún, la ahoga, de tal manera que la inversión privada tiene nulos incentivos y más bien exceso de trabas.
La Constitución Política del Estado Plurinacional en su Art. 306 1) dispone que el modelo económico es plural… y en su parágrafo II) dice que “… está constituida por las formas de organización comunitaria, estatal, privada y social cooperativa. (Ésta última es privada con sus características propias). En el Art. 308 se dice que: “El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada para que contribuya al desarrollo económico…”.
Muchos de los emprendimientos privados son de economía familiar y de pequeñas empresas que absorben una reducida mano de obra, las grandes empresas son muy pocas y están catalogadas como de grandes contribuyentes, como son las que producen cerveza, cemento y algún otro producto, casi todas ellas dirigidas al mercado interno. Este segmento de actividad privada apenas llega al 30%, el 70% restante está en la llamada economía informal, es decir la actividad que no está registrada en los organismos de control fiscal y carece de derechos sociales como seguridad social, beneficios sociales, etc., y en consecuencia no paga impuestos.
El problema radica en el aparato estatal de control de la actividad económica privada, comenzando por el elevado monto de impuestos que se debe pagar al fisco, 13% de IVA, 3% sobre transacciones, 13% por el denominado complementario al IVA y otros que se paga cada fin de año, lo que importa que en Bolivia se paga excesivos impuestos, más que en el país más rico del mundo (EEUU) en relación con porcentaje; además el sistema represivo del régimen impositivo restringe la actividad privada y afecta al mismo monto de recaudaciones, todo son multas, intereses, cierres y clausuras de los locales y además de la corrupción, de la que no está exenta esta actividad.
El Ministerio de Trabajo a través de sus inspectores controla el cumplimiento de los derechos sociales de los trabajadores, que son muchos y que tienen su origen en el denominado constitucionalismo social de los gobiernos de Busch, Villarroel y la Revolución Nacional, fiscalización que no está alejada de la coima. El Ministerio de Salud fiscaliza la situación de salud de los empleados. El Gobierno municipal de las localidades controla la actividad privada en cuanto a registro, higiene, etc.
La aduana y otras oficinas públicas conforman todo un ejército de inspectores, reglamentos y normas que hacen imposible la actividad privada, que más tarda en cerrar sus actividades que en satisfacer las necesidades de ingresos para los incautos inversores, lo que repercute en el atraso y dependencia y, lo más importante, la escasez de fuentes de empleo.
Casi todo lo que hace el Estado está dirigido a ahogar la actividad privada, en especial en este tiempo de cierto estatismo que pretende hacer economía a través de las inversiones públicas, incluso en sectores de actividad que hacen competencia al emprendimiento privado; no importan los malos resultados de la gestión pública empresarial, pues los recursos son de todos y de nadie a la vez.
El penoso cuadro del emprendimiento privado se agrava por el reducido mercado interno, y las dificultades para la exportación, además del principal enemigo de la industria que es el contrabando de todo tipo de mercaderías que entran al país por sus extensas fronteras, comenzando por vehículos, manufacturas, electrodomésticos y un largo etcétera.
El discurso oficial electoralista es que “vamos bien”, o mejor “nos va bien”, pero en la realidad la pobreza continúa y los beneficios de los altos ingresos al Estado no llegan a los más pobres, pues éstos siguen en las calles pidiendo limosna.
Tomado de eldiario.net
