JUAN L. CARIAGA
Los bancos cometen el error de pensar que tan sólo son organizaciones privadas dedicadas a la actividad financiera, olvidándose que también son instituciones de servicio público, debido a que administran los recursos de las personas naturales y jurídicas para efectuar la llamada intermediación financiera entre los ahorristas y los usuarios del crédito.
Por lo tanto, estas instituciones deben ser fundamentalmente (repito, fundamentalmente) reguladas por un ente regulador y fiscalizador para evitar que se produzcan actos anticompetitivos y otros abusos en desmedro de los usuarios y del propio Estado. Es por esta razón que durante mi gestión como ministro de Finanzas se restituyó la Superintendencia de Bancos, con el propósito de evitar que los bancos e instituciones financieras de Bolivia alteren la transparencia del mercado bancario, luego de que el DS 21060 permitió que la oferta y demanda determine la tasa de interés.
Lamentablemente, esto no sucedió así, sobre todo en los últimos años, en que los bancos, según información de Asoban, establecieron tasas negativas de interés -en desmedro de los ahorristas- con objeto de mantener un alto diferencial entre las tasas activas y pasivas, que generó importantes utilidades para la banca.
Por otra parte, en una actitud poco prudente, la banca permanentemente cometió el error de publicitar estos resultados en todos los medios de comunicación, inclusive pagando por separatas especiales y en algunos casos hasta utilizándolos como instrumentos de propaganda.
Paralelamente, el ente regulador y fiscalizador también dejó de cumplir las funciones que le había encomendó la Ley General de Bancos, al permitir que el mercado bancario pierda su transparencia y que algunos bancos aprovechen estas circunstancias para su propio provecho. Todo esto, además, sin haber hecho esfuerzos significativos por exigirles un incremento de su capital y reservas, más allá de lo requerido por las precarias regulaciones en vigencia.
Todo economista sabe que al concluir el ciclo de la bonanza de las materias primas, comenzará la época de las “vacas flacas” y, como sucede en todos los países, la primera en sentir sus efectos contractivos será la propia banca. Es por esta razón que estas instituciones necesitan urgentemente fortalecerse en la bonanza, a fin de enfrentar el difícil período de la contracción.
Por ejemplo, recuerdo que al concluir el periodo de la hiperinflación, que coincidió con el colapso del mercado del estaño y de los minerales no ferrosos, la banca privada en Bolivia prácticamente había quedado volatilizada; aspecto que, en directa coordinación con el Banco Central de Bolivia, me cupo evaluar ante el Consejo de Estabilización.
Cuatro bancos tuvieron que ser inmediatamente intervenidos y liquidados debido a que su patrimonio no les permitía pagar sus pasivos. El resto de ellos, salvo notables excepciones, pasó “raspando” el test de “estrés” y de solvencia, y sólo se les permitió seguir funcionando sujetos a cumplir un plan de acción y de recuperación, que tenía un seguimiento semanal.
A pesar de estos esfuerzos y sobre todo para evitar un colapso total del sistema financiero, el país tuvo que prestarse recursos del Banco Mundial para evitar el derrumbe de la economía del país, a causa de la caída del sistema financiero. Afortunadamente, el colapso fue superado y los recursos prestados, devueltos por la banca.
Sin embargo, parece que algunos bancos han perdido la memoria y siguen cometiendo los mismos errores del pasado. Esto es, al no reconocer su condición de servicio público y la manera poco consecuente de administrar sus tasas. Naturalmente, esto ha dado pie a que la nueva legislación bancaria intente que el Banco Central apruebe las tasas de interés, que -como se sabe- no es la manera más eficiente de asignar recursos. Pero tanto jalar la pita... al fin se rompe.
Juan Cariaga fue ministro de Finanzas.
Tomado de paginasiete.bo
