MANUEL F. AYAU
Lo que hace falta en nuestra educación adulta es comprender cómo es que la gente sí puede resolver sus problemas si el Gobierno da prioridad a la tarea de proteger los derechos individuales. Lamentablemente, es la gente misma, los supuestamente más educados, los que reclaman a los gobiernos la solución de sus problemas, más aún cuando los puede solucionar usando al Gobierno, pero a costillas de otros. Al final del día, sin embargo, es la intromisión burocrática del Gobierno en asuntos particulares, que lleva a la gente a preferir los inconvenientes de la economía informal (el 70% de la población de Guatemala), en la que el Gobierno brilla por su ausencia.
Hoy está generalmente aceptado que los ocho factores económicos que determinan el ritmo del progreso de los países son: 1) la certeza de castigo a quienes no respetan la vida y legítimas posesiones de los demás, ni de los contratos. 2) Política laboral flexible. 3) Comercio libre (no regulado), especialmente para un país pequeño. 4) Infraestructura de comunicaciones. 5) Bajos impuestos especialmente en un país pobre. 6) Mínima reglamentación para evitar corrupción y las consecuencias de los estorbos burocráticos. 7) Moneda sana.
Persiste la idea de que para lograr esas metas basta elegir funcionarios probos, capaces de emitir acertadas medidas en materia económica. Pero, como lo prueban innumerables ejemplos en la historia, esa idea es ingenua y termina por ser el principal impedimento para lograrlas. Es evidente que, como todos los gobiernos tendrán la intención de tener éxito, si no lo han logrado no es por falta de intención ni falta de suficiente asesoría, pues en este mundo si algo abunda son los expertos asesores.
Lo malo es que en tanto los gobiernos intentan intervenir para solucionar los problemas particulares de la gente, descuidan la protección de los derechos individuales, prevalece la impunidad, los contratos no son seguros, la violencia castiga al pueblo, las distorsiones económicas abundan, y los privilegios empobrecen a todos y enriquecen a pocos.
Proteger la integridad de la vida y las posesiones de las personas es tarea difícil, que requiere un Gobierno fuerte, aunque no grande, con una filosofía distinta a la de gobiernos que creen que es su función inmiscuirse en asuntos económicos particulares dizque para resolverlos con justicia.
Se piensa, por ejemplo, que corresponde al Gobierno ocuparse de los problemas de salud, de la educación, la vivienda, y creación de plazas de trabajo, etc., porque si no, ¿quién lo hará?, o se piensa que todo será un desorden ineficiente, la jungla del mercado, e injusto. Sin embargo, ya está muy claro que si esos problemas absorben la atención y el presupuesto de un país, se descuida el Poder Judicial, al grado que prevalece la impunidad y descuida la infraestructura de comunicaciones, en tanto los derechos individuales quedan sin la protección necesaria para resolver los problemas que los gobiernos no resuelven. No resisto la tentación de decir que hay que agradecer al cielo que los gobiernos, con sus interferencias y planificación burocrática, no intentan sustituir el orden espontáneo del mercado para solucionar la necesidad más urgente, como es la de producir, transportar y distribuir nuestros alimentos, pues es seguro que tendríamos famina.
El problema es cultural a alto nivel, requiere humildad intelectual, y nos debería preocupar.
Manuel F. Ayau Cordón fue ingeniero y empresario guatemalteco, fundador de la Universidad Francisco Marroquín y presidente de la Sociedad Mont Pelerin.
Tomado de elcato.org
