Roberto Laserna
La democracia en el mundo parece atravesar un periodo recesivo. La cobertura geográfica, de países gobernados por regímenes democráticos, se ha reducido en los últimos 10 años. Y la calidad de la democracia, de acuerdo a indicadores de fortaleza de las instituciones y respeto de las leyes también ha declinado. Estas tendencias llevan a Larry Diamond a señalar que atravesamos una época de democracia recesiva, como titula su libro. Luego de varios años de expansión y mejoramiento de la democracia en el mundo, su deterioro es evidente.
En América Latina el problema es el de una persistente pérdida de la calidad de la democracia. Las instituciones políticas se han debilitado, perdiendo en muchos casos la capacidad de cumplir sus funciones, y las normas han perdido vigencia o han sido modificadas para satisfacer necesidades inmediatas y efímeras de los gobernantes. Algunos tienen ya rasgos autoritarios bajo una delgada capa democrática.
Creo que esto se debe a que predomina un enfoque participacionista, que considera que la democracia consiste fundamentalmente en votar. Se cree que la democracia se amplía y profundiza mientras más gente vote, más temas se decidan y más autoridades se elijan mediante votación. Como parte de este enfoque se han reducido las exigencias de incorporación al electorado y se ha convertido el derecho de votar en una obligación, cuyo incumplimiento incluso acarrea castigos. Y también se ha multiplicado la cantidad de puestos públicos sujetos a elección.
Ese enfoque perdió de vista que, en su origen, la participación ciudadana no era un fin en sí misma, sino un medio para establecer límites al poder, que es el principal objetivo de la democracia. Ésta surge para poner límites al poder, estableciendo controles que impiden que las autoridades y los funcionarios gubernamentales abusen de la autoridad que se les confiere, y la empleen en servicio de la colectividad. Al reemplazar lo divino como fuente de poder, por el voto ciudadano, se logró dividir ese poder y distribuir sus funciones entre sus componentes. También facilitó la fijación de plazos temporales y la posibilidad de revocar esa delegación de poder, de manera que la renovación también marque límites al poder y controle su abuso.
Puesto que el fin de la democracia es el de establecer un poder restringido y controlado, el imperio de la ley es tan o más importante que el voto ciudadano. La existencia de reglas explícitas y de organismos capaces de obligar a su cumplimiento dan igual certidumbre a todos y permiten que un ciudadano, aún aislado y sólo, pueda defenderse del abuso de cualquier autoridad o grupo.
Esta dimensión de la democracia, que hace a su esencia y define su principal cualidad como régimen de gobierno, en gran medida fue ignorada. Hemos construido regímenes plebiscitarios pero no Estados de derecho en América Latina. Por eso tenemos democracias débiles y por eso también se siguen debilitando, a despecho de la elevada participación electoral y de la cantidad de veces que los ciudadanos vayan a las urnas.
Bolivia vive con particular intensidad esta tensión cuando sus reglas constitucionales, ya modificadas bajo presión y conflicto, se encuentran nuevamente expuestas a la posibilidad de una reforma, apelando para ello al voto ciudadano.
Sin embargo, ésta puede ser también la oportunidad para marcar un punto de inflexión que revierta la tendencia y empiece a afirmar la necesidad de restablecer el imperio de la ley y de fortalecer las instituciones.
Los electores de cinco regiones ya dieron una primera señal de rechazo a la apelación al voto para manipular las reglas autonómicas y varias encuestas han detectado disposición mayoritaria a rechazar una nueva reforma constitucional referida a la reelección presidencial. No es un rechazo al Presidente, que sigue gozando de alta popularidad, ni un juicio negativo sobre su gestión, porque también se la sigue valorando positivamente. Se trata de una afirmación esencialmente democrática, que sugiere que la gente quisiera vivir bajo reglas que sean respetadas por todos y que no se cambien para satisfacer necesidades de personas o de grupos de poder.
Es cierto que los bolivianos respetamos poco la ley y muchos la eluden cuando pueden. Pero es cada vez más evidente que crece la aspiración a vivir en un estado de derecho, con leyes que sean razonables y sencillas de cumplir, de manera que se pueda encontrar refugio y protección en ellas, sin temer que un funcionario las emplee para abusar o que intente cambiarlas de acuerdo a sus propios objetivos.
Es necesario recordar que el referendo pone en cuestión sólo indirectamente la permanencia del presidente Morales, pues en el fondo se refiere a la seguridad jurídica y la estabilidad de las reglas del juego. Es precisamente eso lo que permite considerar a este evento como una oportunidad para apelar a la participación, de modo que, como en su origen, sea un medio que permita la construcción de un estado de derecho cuyas normas e instituciones basten para garantizar la libertad de las personas y restrinjan el poder a actos de servicio al bien común.
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Tomado de laserna.wordpress.com
