FERNANDO MOLINA
Un hecho que en otro sitio sería un motivo de alegría y, como máximo, de sesudas discusiones entre especialistas, en Bolivia ha provocado una ola de preocupación política que seguramente dará lugar a una variada gama de actos de insubordinación.
El Instituto Nacional de Estadística acaba de entregar los resultados del censo de población y vivienda que realizó el año pasado, en medio de lo que sin exageración puede considerarse un escándalo. Poco después, los políticos y dirigentes regionales comenzaron a movilizarse “en contra del censo”. Un sector de la oposición ya pidió su anulación, mientras que otro demanda la realización de una auditoría externa, a fin de corregirlo. Algunos miembros del oficialismo convocaron a los estadísticos a explicarse’ En fin, pocas horas después del anuncio del INE, no hay ciudadano más o menos informado que no haya fijado su posición sobre un proceso que en principio es eminentemente técnico e inobjetable: contar.
¿A qué se debe esta reacción, extraña para el mundo, pero completamente esperable en Bolivia? Primero que nada, a que aquí las estadísticas demográficas poseen una singular importancia política y económica, puesto que definen la parte que le toca a cada villorrio, pueblo o ciudad de la única riqueza verdaderamente abundante que posee el país: las rentas del gas. Menos de la mitad de estos fondos se queda en el Gobierno nacional y el resto se distribuye entre las regiones, de acuerdo entre otras cosas, al número de pobladores que las habitan. De ahí entonces el interés de unos en “ser más” que los otros.
De acuerdo a la población también se define la cantidad de diputados que corresponde a cada departamento, de los 62 que se elige de manera proporcional (de un total de 130 puestos). Un mayor número de habitantes incrementa la cantidad de diputados a la que un departamento tiene derecho y, por tanto, aumenta las probabilidades de que los políticos que actúan en él lleguen a la Asamblea Legislativa. Exactamente lo contrario ocurre en los departamentos que pierden población por los flujos migratorios internos.
Los intereses que están en juego, entonces, son más propios de las élites regionales que de la gente, la que de todas formas recibe servicios públicos precarios, desfinanciados y mal administrados, desconoce cuántos diputados la representan y -en general- los aborrece por igual, sin necesidad de contarlos primero. Y sin embargo, ya han causado gravísimos problemas en varias ocasiones, porque permiten que los caudillos locales manipulen dos elementos básicos de la psicología popular: la creencia en la capacidad de los recursos naturales para cambiar de la noche a la mañana una historia, antes de pobreza y fracaso, y después de ventura y prosperidad; y la seguridad que siente cada boliviano de tener más derechos que el otro para recibir una porción de este sueño. Quienes viven en el oriente y el sur del país -donde están ubicados los yacimientos de gas-, por lo que ahora dan; y los que viven en el occidente minero, por lo que dieron en el pasado.
Movidos por estas creencias, desde principios de siglo multitudinarios movimientos de masas han salido a protestar a las calles y bloquear los caminos para apoyar el pedido de las burocracias regionales de acceder a una parte mayor o al menos igual de unas rentas que, potencialmente, podían beneficiarlos también a ellos (aunque en los hechos rara vez lo hayan hecho).
Ésto el Gobierno lo sabía muy bien antes de realizar el censo, pese a ello organizó éste de la manera más chapucera posible, con una infinidad de problemas de concepción y realización. Las autoridades no absolvieron adecuadamente las objeciones a las preguntas que se presentaron en su momento. El día de la encuesta se cambió varias veces, el INE no contrató o no capacitó a un número suficiente de encuestadores, la comunicación no logró despejar las dudas inducidas por la extrema derecha sobre un ulterior uso de los datos de vivienda para “redistribuir las casas” de las clases medias y altas, etc.
Pero el peor error de las autoridades fue presentar, hace seis meses, unas cifras preliminares que difieren notablemente de los resultados finales que se acaba de conocer. Según los números preliminares, Bolivia tenía algo más de 10,3 millones de habitantes, lo que ahora se ha reducido a alrededor de diez millones. Esta diferencia se descontó sobre todo de Santa Cruz, que en el informe preliminar era el departamento más populoso del país, pues se aproximaba a los tres millones de pobladores. Ahora en cambio, está lejos de esa cifra: tiene algo más de 2,6 millones de habitantes y es el segundo departamento más poblado, después de La Paz. Estos cambios llevaron a la oposición -que además es predominantemente cruceña- a hablar de un “censo a la carta”, alterado a propósito para darle más representación a La Paz, donde el partido de Gobierno posee más fuerza electoral. Y provocaron, como ya se ha dicho, un escándalo de grandes proporciones, que está lejos de concluir.
Como es lógico, en medio del alboroto nadie se detiene a pensar que si el Gobierno hubiera querido modificar a su antojo las cifras podría haberlo hecho desde el principio, cuando presentó la información preliminar. Mucho menos se toma en cuenta una enseñanza que, si es verdadera en muchas partes, en Bolivia tiene rango de ley natural, y es que nunca hay que menospreciar el papel de la negligencia en los asuntos humanos.
Fernando Molina es periodista y escritor.
Tomado de paginasiete.bo