Eduardo Bowles

La demanda de los dólares ha vuelto a crecer en Bolivia como efecto de la crisis europea que obliga a muchos a refugiarse en la moneda norteamericana y sobre todo, por consecuencia del “corralito” que ha impuesto el Gobierno argentino a los billetes verdes con el objetivo de frenar la devaluación. Los argentinos están viniendo en bandadas a conseguir divisas al país y han comenzado a afectar el mercado interno, provocando una reacción de las autoridades nacionales a través de un nuevo tributo que vuelve a causar desconfianza en los actores económicos.

El apetito por los dólares que desarrolló la población boliviana durante el penoso periodo de la hiperinflación se pudo reducir con las constantes devaluaciones de la moneda estadounidense que aplicó la actual administración, medida que se tradujo en una desdolarización de la economía, pero que a su vez, ha ocasionado graves perjuicios al comercio exterior (formal) de Bolivia. Se calcula que por cada punto del valor del dólar que se redujo, se perdieron alrededor de 70 millones de dólares, por el encarecimiento de las mercaderías nacionales y la caída de los ingresos de los exportadores, cuyos costos también se han incrementado.

Después de un largo periodo sin devaluar el dólar y seguramente con el objetivo de no seguir quitándole más competitividad a las exportaciones, el Gobierno se ha inclinado por otra medida también polémica, facilista y que podría afectar seriamente las actividades productivas y comerciales dentro del territorio.

El impuesto del 0,70 por ciento a la venta de dólares corre el riesgo de convertirse en un estímulo más a la informalidad que ha crecido de manera descomunal en los últimos años, precisamente porque el sector formal, el que paga impuestos, que genera empleos dignos y que aporta a una economía más competitiva, ha sido víctima de innumerables restricciones de corte intervencionista que inhiben las inversiones.

Otro de los objetivos de los responsables de la planificación económica es incrementar los ingresos del Tesoro General de la Nación, convertido en un barril sin fondo por el descomunal aumento del gasto público y las adquisiciones estrafalarias que realiza el régimen gobernante. Pero en lugar de poner la mirada en los sectores informales, a quienes deberían incorporar paulatinamente a la formalidad, para ampliar el universo de contribuyentes, lo que se hace es actuar de forma contemplativa hacia los cocaleros, cooperativistas mineros, contrabandistas y otros rubros que transitan por la ilegalidad, mientras que se deposita un peso cada vez mayor en el 30 por ciento de las actividades que cumplen con sus obligaciones.

Las autoridades insisten en la necesidad de la medida y aseguran que el nuevo impuesto será absorbido por las entidades bancarias. A no ser que obliguen a los bancos a cumplir con todos los requerimientos del público, cosa que también es riesgosa y abusiva, esta decisión contribuirá al crecimiento del mercado negro de divisas, como ocurrió en las épocas de la UDP con graves perjuicios para la economía, tan grandes que aún se mantiene una desconfianza que lamentablemente está retornando como un fantasma.

Si el Gobierno no apuesta por el crecimiento, la producción y la generación de empleo estable, no estará haciendo otra cosa que postergar las consecuencias de una burbuja que no tardará en hacer explosión.

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Tomado de eldia.com.bo