EDUARDO BOWLES 

Ha causado revuelo el anuncio del Gobierno de echar mano a los ahorros de los futuros jubilados administrados por las AFP, para destinarlos a créditos a favor de los productores agropecuarios duramente azotados por la sequía más intensa de los últimos 25 años.

Se trata de un monto de 150 millones de dólares y si bien la medida tiene respaldo de la ley, que permite a las Administradoras de Fondos de Pensiones disponer hasta de un 5 por ciento de los recursos para invertirlos en actividades productivas, la decisión debería contar con la aprobación de los dueños del dinero y observar que el sector agropecuario es uno de los más riesgosos que existe, al punto que los bancos privados no se atreven a financiar proyectos relacionados con la agricultura.

Desde este punto de vista parece plausible que el Gobierno se ocupe de los productores y busque la manera de darles un auxilio financiero. Lo criticable es que disponga de una fuente extremadamente delicada, que podría desencadenar en una bola de nieve, como ha sucedido con las Reservas Internacionales, convertidas en la “caja chica” del régimen para solventar el barril sin fondo de las empresas estatales.

Desde que el Estado se hizo cargo de las AFP, en la opinión pública flotaba el temor de que algún día el Gobierno se vería tentado a abrir el cofre y comenzar a sangrar esos fondos. Precisamente lo ha hecho cuando se ha agotado el periodo de bonanza y las autoridades se desesperan por mantener el mismo nivel de derroche de los últimos once años, para continuar reproduciendo el poder clientelar en forma indefinida.
Es lógico pensar que la supuesta ayuda a los agropecuarios es alentada por un interés netamente electoralista, con el objetivo de convertir a Santa Cruz en el puntal del reeleccionismo. Queda claro que el oficialismo está preparando una nueva convocatoria a las urnas para respaldar la tercera reelección presidencial y necesita que el oriente boliviano se convierta en el nuevo bastión de apoyo duro, así como lo fue el occidente del país en el pasado reciente.

Decimos que es una “supuesta ayuda” porque la historia nacional está llena de negros antecedentes de mecanismos de fomento, bancos estatales, fondos específicos, créditos blandos y todos han fracasado, porque la plata termina en las manos equivocadas, en poder de los comerciantes del poder, de los compadres del partido y en cualquier menester, menos en la producción, la creación de empleos y la generación de riqueza.

Nunca se han recuperado los créditos que se entregaron a través de estas modalidades y el agravante es que esta vez, los principales perjudicados serán los jubilados, a quienes tendremos de aquí a un tiempo en las calles reclamando por sus pensiones. Ese mismo día el estado tendrá que inventarse otro agujero para parchar el problema.

El agro necesita apoyo financiero, sin duda alguna, pero más que dinero, requiere que el Estado deje de ser un estorbo, traducido en prohibiciones, restricciones, falta de apoyo al ingreso de la tecnología, debilidad frente al contrabando, excesiva presión laboral y agraria, además de otros frenos que no se solucionarán con 150 millones de dólares.

Tomado de  eldia.com.bo