EDUARDO BOWLES
En el Gobierno se ufanan de conocer muy bien la situación de las empresas y de los trabajadores de Bolivia. Entonces deberían saber cuál será la reacción interna en las instituciones, compañías y unidades de producción frente al doble aguinaldo recientemente decretado.
El primero en intuirlo ha sido el gobernador de La Paz, César Cocarico, quien ha dicho que el pago doble estimulará a las vendedoras de fruta, a los comerciantes de los mercados y a los productores a aumentar sus precios, porque según afirma, ese será el efecto multiplicador de decreto presidencial. Un sector de los campesinos ha reaccionado de manera similar, porque según afirman, se sienten discriminados con la reciente medida y en consecuencia van a elevar en un 50 por cientos sus precios
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Eso ocurre normalmente en el sector informal y con seguridad el Gobierno actúa de acuerdo a esa lógica ya que muchos de los que manejan el gabinete se han formado en las filas de la informalidad y ninguno de ellos conoce una sola empresa productiva legalmente establecida.
Lo primero que hace una empresa cuando enfrenta una contingencia como la que ha impuesto el Gobierno es bajar sus costos, puesto que competir únicamente con el factor precio es imposible ya que sus competidores son contrabandistas, vendedores de ropa usada, informales y beneficiarios del régimen simplificado que no pagan impuestos, no cumplen con beneficios sociales y tampoco con el aguinaldo, mucho menos el doble aguinaldo.
Es precisamente ese uno de los aspectos de mayor carga para un empleador formal, pues cada vez que ofrece un puesto de trabajo tiene que cumplir con aportes jubilatorios, seguro médico y prever el pago de aguinaldo, de desahucio, vacaciones y reemplazo por enfermedad o cualquier otra emergencia. El Gobierno del MAS ha sido especialmente empeñoso en mejorar “en los papeles” la situación de la fuerza laboral boliviana con innumerables ventajas y ahora viene a sumar una nueva.
Todas ellas lamentablemente, no han servido más que para incrementar el porcentaje de empresas informales, hecho que deteriora la calidad del empleo en el país, pues inhibe a realizar más contrataciones legales. Incluso el Estado, uno de los más atrasados con las AFP y con la Caja Nacional de Salud, ha incurrido en este defecto a través del incremento de los trabajos eventuales y el pago de los denominados “consultores externos”, figura que se ha extendido como una plaga.
Como decíamos, las principales empleadoras formales del país son las empresas de servicios, casi todas pequeñas y medianas que están imposibilitadas de elevar sus precios como lo podría hacer la “caserita” que menciona el gobernador Cocarico. Esas entidades no tendrán más remedio que aplicar el reajuste en el factor que más incide en sus costos y es el empleo. Y el trabajador que consiga mantener su fuente de trabajo estará dispuesto incluso a duplicar su esfuerzo con tal de no ser despedido. En las actuales condiciones es prohibido contratar jóvenes, pues resulta caro pagar un principiante y es mejor buscar a un experimentado que se va a llevar doble aguinaldo por un trabajo calificado y más productivo.
Pero el gobierno dice que las empresas son ricas y han ganado millones. Sí, pero es apenas un puñado de ellas y es mentira que haya aumentado la producción, pues lo que creció fue el valor del producto gracias al auge de las materias primas que exportamos. Y todos muy bien sabemos que ni el gas o el estaño son comestibles, así que además del deterioro de su empleo, el trabajador va a tener que enfrentar inflación.
Tomado de eldia.com.bo