FRANCESCO ZARATTI

Queda claro que la ‘nacionalización’ de Evo Morales se parece poco a las anteriores nacionalizaciones, que decretaron la expulsión de las empresas transnacionales para que YPFB se hiciera cargo de operar los campos expropiados. En este caso, los campos permanecieron a cargo de las empresas, debido a que YPFB no tenía la capacidad para asumir la operación de los pozos, pero aquellas se convirtieron en ‘contratistas’, remuneradas con un porcentaje que se acerca a 1/3 del valor de las ventas. Se trata de una nacionalización híbrida.

Actualmente, YPFB controla todas las empresas que le pertenecieron antes de la capitalización, incluyendo a las dos mayores refinerías que habían sido vendidas a Petrobras, y recibe más de $us 600 millones al año por su participación en las utilidades de las empresas operadoras y administra dos grandes contratos de exportación de gas natural.

Los aspectos positivos que ha traído la política de hidrocarburos del gobierno de Evo Morales (la ‘nacionalización’) en sus siete años de vigencia, son efectos de corto plazo. Al contar con mercados seguros, reservas descubiertas (aunque estas últimas en volúmenes menores que los pregonados) y precios internacionales elevados, Bolivia ha logrado ingresos sin precedentes por la exportación de gas, los cuales explican la bonanza económica.

Los excedentes han permitido emprender algunos proyectos industriales: dos plantas de separación de licuables, que asegurarán pronto la autonomía del país en cuanto a GLP, y una muy cuestionada planta de urea y fertilizantes.
Además, aunque con graves retrasos, se ha incrementado el uso del gas natural vehicular y domiciliario. El cuello de botella para un uso masivo del metano en el país es el limitado sistema de transporte por gasoducto. Ese problema ha sido una de las causas del fracaso del proyecto Mutún.

En cuanto a las consecuencias negativas, la principal es la ausencia de la inversión privada de riesgo, especialmente en exploración, como reacción a la compra hostil de acciones, en el mejor de los casos, o la expropiación manu militari en otros, inclusive con notables retrasos en el pago de las indemnizaciones. En este momento, siguen vigentes demandas ante tribunales de arbitraje por más de $us 1.000 millones. En algunos casos críticos se pagó inclusive en exceso el valor de las acciones expropiadas, con el fin de evitar un fallo condenatorio de los árbitros.

En todo caso, más allá de las indemnizaciones, la consecuencia palpable de la expropiación es la desconfianza hacia el Estado boliviano, que impide que otras empresas, que no sean las que ya operaban en Bolivia antes de la nacionalización, inviertan en el país (Novamerica)

Físico Y Analista En Temas Energéticos

Tomado de paginasiete.bo