TEÓFILO CABALLERO 

El crecimiento de la economía boliviana a lo largo de la historia aparte de ser insuficiente como para mejorar la calidad de vida de los bolivianos, ha estado sujeto a una serie de obstáculos, como por ejemplo, el enclaustramiento marítimo. El economista norteamericano Jefrey Sachs y futuro premio nobel de economía hace una década estimó que el costo del enclaustramiento marítimo alcanzaba aproximadamente a 1.5% del PIB; llevado a números eso significa entre $us. 260 millones a $us. 390 millones en forma anual que pierde el país.

Este monto cambia cada año puesto que el PIB nominal de Bolivia se va modificando ya sea por cambios en el volumen o simplemente por efecto precio. El litigio con el vecino país de Chile tiene y tendrá larga data, a pesar de que el gobierno boliviano ha presentado la demanda ante el tribunal de La Haya, por lo que el 1.5% seguirá pesando en la economía boliviana en el devenir del tiempo.
Sin embargo, llama poderosamente la atención los datos presentados por la Fundación Milenio en su informe No 189 en el que señala explícitamente que Bolivia registró 742 conflictos en la gestión 2012, lo que equivale a 62 conflictos mensuales en promedio y más de 2 por dia. Es más, los mismos se han reducido si se compara la conflictividad con el 2011 en la que se alcanzó un record inédito de 876 conflictos.

Estos conflictos han impedido a Bolivia que tenga una tasa de crecimiento adicional del 2%, lo que llevado a números alcanza a $us. 520 millones de pérdida solo en la gestión 2012. Estos montos son mucho mayores a las pérdidas obtenidas por la mediterraneidad boliviana y quiere decir que los ciudadanos bolivianos somos culpables por desarrollar conflictos y frenar nuestra expansión económica.
Si incorporamos el crecimiento de la economía, el año pasado el país alcanzó una tasa de 5.2% y si no hubiesen habido conflictos el crecimiento hubiese sido de 7.2% que ya es una tasa que hubiese podido reducir la pobreza creando cerca de 160.000 empleos en forma anual aproximadamente.

Un reciente estudio del Programa de Naciones Unidas (PNUD) consideró a Argentina, Bolivia y Ecuador como los países con mayores protestas sociales en América Latina, lo que corrobora al Informe de la Fundación Milenio; mientras que Costa Rica, Chile y Salvador son países donde existe más tranquilidad social.
Parece paradójico que Bolivia sea un país conflictivo cuando mucho se habla de reducción de la pobreza moderada, pobreza extrema, mortalidad infantil, mortalidad materna, extinción del analfabetismo, inclusión de marginados como los indígenas, entre otras. Algo está fallando en el país, lo que queda claro es que la institucionalidad y el Estado de Derecho estánmuy venidos a menos y su recuperación demorará por lo menos una generación.

A todo esto agreguémosle un adicional: La Informalidad. De acuerdo a un estudio de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), el país pierde $us. 3.000 millones por recaudaciones no realizadas a empresas que se mueven en la informalidad. La pérdida de recursos se debe al burocrático proceso de registro de empresas que demoran 50 días en promedio. En este lapso se realizan 14 gestiones ante 6 entidades diferentes y el costo del “papeleo” es del 74% del ingreso per cápita de Bolivia. Los datos fueron expuestos en el Foro Internacional de Simplificación de Trámites y Registros de Empresas realizado en Santa Cruz días atrás. Este acto fue organizado por una entidad del Banco Mundial.

Superando los conflictos y eliminando la informalidad Bolivia podría alcanzar tasas de crecimiento que bordeen el 10% en forma anual. Una tarea que solamente puede ser llevada a cabo por un gobierno serio y responsable con el país.
Si los bolivianos pudiéramos resolver las protestas sociales y reducir la informalidad, sin duda viviríamos mucho mejor. Una vez más citamos al premio Nobel de Economía Douglas North que señala que los países que respetan el Estado de Derecho y las normas vigentes, son naciones exitosas.