Santiago Laserna

La pasada semana se vivieron momentos muy interesantes para el arte en Bolivia. Por un lado, los artistas, casi de manera común, rechazaron un anteproyecto de la ley del artista, con el argumento central de que no sólo busca burocratizar y controlar el mundo del arte sino llenar a los artistas de obligaciones. Por el otro lado, un gran número de artistas celebró el compromiso del Ministerio de Planificación con el programa Intervenciones Urbanas, que distribuye 140 millones de bolivianos de fondos públicos en apoyo al arte, cultura, deporte y empresas sociales. Ambas iniciativas representan dos estilos contrapuestos de incentivar el arte y la cultura en el país por medio de la intervención estatal.

Una de las cosas que más sorprende es que fueron los mismos artistas los que reclamaron por una Ley del Artista o Ley de Culturas. Esto parece formar parte de una tradición arraigada en Bolivia, que nos lleva a renovar ilusiones en la centralización e intervención gubernamental, y a buscar formas corporativistas y clientelares de relación con el Estado. Es la manera en que ha estado operando el país desde los años 1950 y que ha marcado la gestión de gobierno los últimos años. En esa lógica, era previsible que una Ley del Artista terminara ofreciendo ventajas a cambio de restricciones a la libertad. Las leyes, casi por definición, sirven más para regular que para incentivar o proteger. La experiencia ha demostrado que el intervencionismo estatal sacrifica la libertad de las personas a cambio de promesas que rara vez se cumplen.

Los artistas, como otros sectores sociales, cayeron en la tentación (y todo indica que lo seguirán haciendo) de creer que el reconocimiento oficial por el Estado, por medio de una ley, otorgaría protección y apoyo. ¿Acaso no sabíamos que a cambio tendríamos que actuar como grupo, sacrificando la libertad individual y por tanto la creatividad, para regirnos por la lógica prebendal y jerarquizada de los sindicatos?

Es verdad que los artistas no recibíamos los beneficios sociales de los trabajadores “formales”, pero a cambio, eso nos ponía en condiciones para emprender los proyectos más innovadores y locos que se nos puedan ocurrir; y que la gente, sin ninguna obligación de apoyarnos, podía decirnos si realmente le gusta o no lo que hacemos y nos daba su sello de aprobación al comprar boletos para nuestras obras, con un precio acordado directamente entre el artista y su cliente.

Y sí, el vivir del arte no es nada fácil. Pero esa es una realidad que data de siglos atrás y que siempre afectó a la gran mayoría de los artistas. Los grandes mecenas del arte, como los Estados, siempre privilegian a unos pocos. A veces apoyando a genios, pero a veces ignorándolos. Vivir del arte es una decisión individual de cada artista. Las carencias que enfrentamos no justifican que involucremos al Estado, del que deberíamos esperar el cumplimiento de sus responsabilidades mayores: mantener la democracia y la credibilidad institucional, garantizar los derechos y libertades del individuo, cumplir las leyes y, sobre todo, alentar la innovación y la creatividad.

Incontables autores ya han reconocido el valor social y económico de las industrias creativas, conocidas en Latinoamérica como la Economía Naranja. Es un concepto que encapsula al artista junto con emprendedores del calibre de Steve Jobs. Lo cierto es que no hay ningún sector económico que necesite más libertad que este y no hay mejor manera de entorpecer esa libertad que las regulaciones legales, cualquiera que sea la manera de llamar a esa ley, sea de Culturas o del Artista. Ha sido un error de los artistas el concentrarse en las ilusiones de una ley que inevitablemente limitará su libertad. En contraposición, el programa de Intervenciones Urbanas, que reconoce el valor de la economía creativa y la importancia de las transferencias directas, demostrará que es garantizando la libertad que se logran mejores resultados y, tal vez, se permita que las Intervenciones Urbanas las haga también el sector privado. El mismo Vicepresidente presentó el programa afirmando que “Lo que vamos a hacer es fomentar esa libertad de decisión, esa libertad de innovación…” Esperemos que esa sea también la prioridad al momento de escribir la versión final de la ley, si persisten en esa intención.

Tomado de lostiempos.com