Roberto Ortiz

Manuel F. Ayau, fundador de la Universidad Francisco Marroquín, solía decir que “una economía eficiente no se inventa. Es el resultado de un régimen de derecho que garantiza a los individuos su vida, su propiedad y sus contratos; es decir, su libertad”.

A pocos meses de las elecciones presidenciales no le vendría mal a nadie analizar las políticas públicas de nuestro gobernante, para ver si realmente ha hecho de Bolivia un lugar más próspero durante los últimos ocho años. Para analizar esto, se debe dejar claro que la prosperidad no llega gracias al bosquejo de un político o en nuestro caso, un futuro dictador. Más bien, la prosperidad llegara a largo plazo, aunque suene muy simple, solo si se cumplen las condiciones a las que Ayau se refería.

Hablando ya de políticas públicas o más bien del “proceso de cambio”. Se pueden categorizar de dos maneras; enriquecedoras y empobrecedoras. En Bolivia claro está, que reinan las políticas empobrecedoras como por ejemplo, las empresas públicas ineficientes que aumentan nuestros impuestos, los salarios mínimos (aumentados cada año) que dificultan la contratación de empleados menos productivos, dejándolos varados en las aceras de la pobreza e informalidad, las constantes nacionalizaciones de empresas privadas que ahuyentan a los inversionistas encargados de proveer oferta de empleos reales y tecnología.

No olvidemos la incesante y creciente inseguridad debido a las grandes deficiencias de la justicia boliviana, acompañada siempre de corrupción y parcialidad para los compinches del gobierno, además de las amenazas de una criminalidad incesante gracias al incentivo deliberado al narcotráfico. Es menester recordar también los atentados a la propiedad privada y a la integridad física por parte del estado, traducidos en innumerables violaciones a los Derechos Humanos.

Bolivia cuenta hoy con la fortuna de tener mucho dinero en los bolsillos, gracias a pura suerte de precios internacionales, por lo tanto, existen “expertos” o mejor dicho ingenieros sociales que analizan donde destinar estos recursos, sin embargo, todo este manejo del presupuesto a la larga es, un intento de prosperidad inútil o más bien una táctica política muy útil, pues se despilfarra dinero en subsidios, bonos y empresas públicas con el único fin de conseguir votos a corto plazo en algún determinado sector.

¿No sería acaso, mucho más productivo para el país y menos políticamente efectivo para el MAS, brindar a los ciudadanos las condiciones que garanticen propiedad privada y justicia, además, de costos contractuales bajos para los aventureros del mercado, para así crear libre y espontáneamente la prosperidad y dejar de una vez por todas la politiquería que solo malgasta recursos?.

A pocos meses de las elecciones, incito a los bolivianos a recapacitar las políticas públicas que desean para los próximos cuatro años de decisiones. Que dependiendo del burócrata inquilino de la casa presidencial serán, enriquecedoras o empobrecedoras.

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Tomado de eldia.comb.bo