Roberto Laserna

Un evento de la Fundación Konrad Adenauer tuvo el propósito de comparar resultados de 13 investigaciones realizadas acerca de la desigualdad y la pobreza en otros tantos países. Una de las conclusiones más sorprendentes fue que el gasto social parece tener menos relevancia que otras políticas.

Los estudios examinaron qué sucedió con la desigualdad y la pobreza en las dos últimas décadas, identificando las políticas que tuvieron mayor éxito en la reducción de la pobreza y de la desigualdad.

La mirada de largo plazo permitió trascender temas relacionados a las coyunturas o los períodos gubernamentales.

Una conclusión repetida fue que los periodos de mayor impacto en la reducción de la pobreza coincidían con los periodos de mayor crecimiento económico y estabilidad política. En todos los casos se observó el efecto derrame, ya que la expansión de la capacidad productiva de la economía no solamente aumentaba la disponibilidad de bienes y servicios, sino que iba acompañada de mejoras en la productividad de los trabajadores, aumentando sus niveles de ingreso y de consumo. Y mientras mas prolongado y continuo fue el proceso de crecimiento, mas amplios y sostenibles fueron sus resultados.

Una segunda conclusión es que las políticas sociales, específicamente diseñadas para reducir las desigualdades y atenuar la pobreza, no siempre lograron esos efectos. En algunas épocas y lugares un poco más que en otras, pero lo que no se pudo demostrar fue que a un aumento en el gasto social correspondieran caídas en la desigualdad y la pobreza.

La tercera conclusión se refirió a los programas de transferencias de efectivo. En muchos casos estos programas ofrecen alguna bonificación a las personas a condición de que demuestren cierto comportamiento: hacer vacunar a sus niños, llevarlos a la escuela, asistir a centros de alfabetización o capacitación, someterse a revisiones médicas, etc. En otros casos se condicionan políticamente, no de manera formal y explícita por supuesto, a expresiones de apoyo al gobierno o sus autoridades. En otros no hay condiciones para las transferencias, como es, por ejemplo, el caso de la Renta Dignidad, en Bolivia. Los programas son distintos y tienen dimensiones muy diversas. Lo interesante es que en todos los casos se reportaron impactos positivos más relacionados a su escala y persistencia que a su condicionalidad o focalización.

En síntesis, la reducción de la pobreza y de las desigualdades en América Latina están más asociadas a políticas que generan un entorno favorable al crecimiento, incluyendo la estabilidad necesaria para dar certidumbre y continuidad a los procesos económicos, y a transferencias que llegan directamente a la gente. La mediación burocrática del gasto social parece ser el mal que hay que evitar.

Acerca del autor:Roberto Laserna
Un evento de la Fundación Konrad Adenauer tuvo el propósito de comparar resultados de 13 investigaciones realizadas acerca de la desigualdad y la pobreza en otros tantos países. Una de las conclusiones más sorprendentes fue que el gasto social parece tener menos relevancia que otras políticas.

Los estudios examinaron qué sucedió con la desigualdad y la pobreza en las dos últimas décadas, identificando las políticas que tuvieron mayor éxito en la reducción de la pobreza y de la desigualdad.

La mirada de largo plazo permitió trascender temas relacionados a las coyunturas o los períodos gubernamentales.

Una conclusión repetida fue que los periodos de mayor impacto en la reducción de la pobreza coincidían con los periodos de mayor crecimiento económico y estabilidad política. En todos los casos se observó el efecto derrame, ya que la expansión de la capacidad productiva de la economía no solamente aumentaba la disponibilidad de bienes y servicios, sino que iba acompañada de mejoras en la productividad de los trabajadores, aumentando sus niveles de ingreso y de consumo. Y mientras mas prolongado y continuo fue el proceso de crecimiento, mas amplios y sostenibles fueron sus resultados.

Una segunda conclusión es que las políticas sociales, específicamente diseñadas para reducir las desigualdades y atenuar la pobreza, no siempre lograron esos efectos. En algunas épocas y lugares un poco más que en otras, pero lo que no se pudo demostrar fue que a un aumento en el gasto social correspondieran caídas en la desigualdad y la pobreza.

La tercera conclusión se refirió a los programas de transferencias de efectivo. En muchos casos estos programas ofrecen alguna bonificación a las personas a condición de que demuestren cierto comportamiento: hacer vacunar a sus niños, llevarlos a la escuela, asistir a centros de alfabetización o capacitación, someterse a revisiones médicas, etc. En otros casos se condicionan políticamente, no de manera formal y explícita por supuesto, a expresiones de apoyo al gobierno o sus autoridades. En otros no hay condiciones para las transferencias, como es, por ejemplo, el caso de la Renta Dignidad, en Bolivia. Los programas son distintos y tienen dimensiones muy diversas. Lo interesante es que en todos los casos se reportaron impactos positivos más relacionados a su escala y persistencia que a su condicionalidad o focalización.

En síntesis, la reducción de la pobreza y de las desigualdades en América Latina están más asociadas a políticas que generan un entorno favorable al crecimiento, incluyendo la estabilidad necesaria para dar certidumbre y continuidad a los procesos económicos, y a transferencias que llegan directamente a la gente. La mediación burocrática del gasto social parece ser el mal que hay que evitar.