CARLOS BALL

El problema más difícil que enfrenta la humanidad a fines del siglo XX es defenderse del afán de políticos, burócratas y activistas en regularnos la vida a todos, según su propia visión de lo que es conveniente, justo, saludable o apropiado.

Eticamente nos regimos por los Diez Mandamientos que conocemos y entendemos. Si alguna vez necesitamos refrescar la memoria, los encontramos claramente expuestos en una sola página. Pero los políticos, burócratas y activistas de ingeniería social quieren regir nuestras vidas a través de cientos de miles de páginas de leyes, decretos, regulaciones, reglamentos, normas, ordenanzas, estatutos, etc. tan numerosos y complicados que ni el más brillante y estudioso abogado los puede conocer todos, resultando ininteligibles para el ciudadano común, quien elige a sus gobernantes para que proteja su vida y su propiedad, no para que lo convierta en esclavo de utopías oficiales.

Habría que congelar la promulgación de nuevas leyes y regulaciones sin que previamente se anulen al menos diez otras que siguen vigentes sin razón de ser y que significan un freno al desarrollo o una fuente de corrupción.

Las regulaciones gubernamentales nos afectan a todos en los alimentos y medicinas que compramos, en el uso que le podemos dar a nuestra propiedad y lo que podemos o no hacer con nuestros propios negocios. En esto último, tengo la suerte que los redactores de la Constitución de Estados Unidos previeron la tendencia de los gobernantes a meterse con los periodistas, por lo que se añadió la Primera Enmienda, pero no previeron que interferirían con todos los demás oficios sin excepción.

El exceso de regulaciones aumenta los costos de todo lo que compramos, reduce la calidad de los productos y servicios que recibimos, además de aumentar el costo de contratar a todo empleado, convirtiéndose así en una barrera a lo que todos los políticos dicen querer alcanzar: el pleno empleo.

Según el profesor Thomas Hopkins del Rochester Institute of Technology, el costo en Estados Unidos de cumplir con las regulaciones federales en 1996 fue de 677,000 millones de dólares. Eso, desde luego, significa que en el precio de todo lo que compramos durante el año hay un impuesto escondido, parte de esa monstruosa suma.

Richard Vedder del Center for the Study of American Business va más lejos, al indicar que el cumplimiento de las regulaciones gubernamentales reduce la productividad y la actividad económica en 1.300.000.000.000 dólares al año, o sea que reduce el tamaño de la economía de Estados Unidos en un tanto equivalente al tamaño de la economía alemana.

Y si tan inmenso daño se le está haciendo a una de las economías más prósperas del mundo, las regulaciones impuestas por políticos y burócratas en América Latina son sencillamente criminales, logrando mantener al grueso de la población en la miseria.

La arrogancia oficial es tal que promueve la absurda idea que los fabricantes de cualquier producto lo harían mal o tratarían mal a sus trabajadores y envenenarían a la gente con el humo de sus chimeneas si no estuviera el burócrata respaldado por los reglamentos y la policía defendiendo al pueblo. Por el contrario, yo me siento mejor tratado y me da mucha más confianza cuando hago alguna transacción comercial privada que cuando me veo obligado a ingresar a una oficina pública. La razón es que fuera del ámbito gubernamental hay competencia y diferentes opciones en todo y para todos.

Cualquiera que ha tenido alguna posición de responsabilidad en cualquier empresa privada sabe la importancia de proteger el buen nombre de la compañía y de la marca para poder tener éxito en el mercado. Sólo cuando se opera un monopolio es que resulta económicamente atractivo fabricar y vender productos de segunda y dar mal servicio. Además que los monopolios privados sólo pueden existir cuando las autoridades imponen barreras al ingreso de nuevos competidores. Es decir, los monopolios siempre son el resultado de la acción gubernamental, a menudo por favoritismo político.

El reto del fin de siglo es revertir a los políticos y burócratas a su antigua función de servir al público, para lo cual hay que despojarlos de esa manía de imponernos que vivamos y actuemos como ellos quieren, como si todos dependiéramos de su mejor criterio para llevar adelante nuestras vidas. Claro, hay una amenaza todavía mayor: remitir la creciente facultad reguladora del burócrata local a manos de un gobierno mundial, regido por burócratas internacionales que no han sido elegidos por nadie, del tipo que pulula por las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y las demás agencias multilaterales que se reproducen como conejos.

Carlos Ball es Periodista venezolano, director de la agencia de prensa AIPE (www.aipenet.com) y académico asociado del Cato Institute.

Tomado de elcato.org