JOSÉ LUIS SANTISTEBAN
La Constitución Política del Estado es la única norma nacional aprobada por voto mediante referéndum del 25 de enero de 2009 y promulgada el 7 de febrero del mismo año. Para entender la violación a la soberanía económica del Estado, es necesario transcribir la norma fundamental Art. 320. “Toda inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y a las autoridades bolivianas, y nadie podrá invocar situación de excepción, ni apelar a reclamaciones diplomáticas para obtener un tratamiento más favorable.
Las relaciones económicas con estados o empresas extranjeras se realizarán en condiciones de independencia, respeto mutuo y equidad. No se podrá otorgar a Estados o empresas extranjeras condiciones más beneficiosas que las establecidas para los bolivianos. El Estado es independiente en todas las decisiones de política económica interna, y no aceptará imposiciones ni condicionamientos sobre esta política por parte de Estados, bancos o instituciones financieras bolivianas o extranjeras, entidades multilaterales ni empresas transnacionales".
El Gobierno de Evo Morales, amparado en convenios de cooperación suscritos desde 2009, adjudicó y favoreció a la empresa china CAMC, otorgando en forma directa y por excepción siete grandes contratos, violando los artículos 1, 7 y 320 de la CPE, sobre la soberanía económica de la nación. Aun sea un solo contrato, esta violación es independiente del tráfico de influencias que se está investigando.
Las siete contrataciones se hicieron en el marco de la actual CPE: la compra de las tres perforadoras por aproximadamente $us 60 millones; la construcción de una planta industrial azucarera por $us 166.991.647; la construcción del tramo ferroviario Montero-Bulo Bulo por $us 103.167.226; tres contratos por excepción de la Empresa Misicuni por $us 66 millones; y Comibol contrató de manera directa a CAMC para la construcción de la planta industrial de sales de potasio por $us 177.008.174.
El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, manifiesta: “Los créditos chinos venían condicionados para contratar sin licitación a la empresa CAMC”. Aclaró que el MAS tuvo que aceptar las condiciones, porque “Bolivia estaba sumida en una crisis económica” y con esas perforadoras YPFB comenzó a operar en la búsqueda de reservas de gas.
El presidente Evo Morales ha dictado 19 decretos desde 2005. Uno de ellos, el 2574 del 31 de octubre de 2015, autoriza al Ministerio de Obras Públicas, a la Administradora Boliviana de Carreteras, a la Empresa Siderúrgica Mutún y a la Empresa Nacional de Electricidad la contratación bajo condiciones especiales y directas con recursos del crédito del Eximbank de China. Los decretos conforman una estructura jurídica que ha posibilitado daño económico al Estado, al violar su soberanía económica, con el agravante de que las contrataciones directas o por excepción de empresas nacionales o extranjeras, deben adherirse a contratos elaborados por los contratistas.
El presidente ha dictado resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, su conducta es contraria a lo establecido por la CPE, los decretos dictados favorecen a intereses transnacionales de empresas ajenas al Estado.
Conforme a la Ley 044 de Juicio de Responsabilidades, amerita una proposición acusatoria para someter a juicio de responsabilidades al presidente, exministros y ministros que firmaron los decretos que violan la Constitución y cuya consecuencia es el daño económico al Estado. Para prueba bastan las barcazas chinas
Tomado de eldeber.com.bo