RAMIRO ORÍAS

En los últimos diez años se evidencia un incremento notable de la tasa de encarcelamiento en Bolivia, que aproximadamente ha duplicado la población carcelaria, como efecto del uso prolongado y abusivo de la prisión preventiva.

Conforme a las estadísticas oficiales, de unos 6.900 presos en el 2005, el sistema penitenciario retiene ahora a cerca de 14.800 internos, de los cuales el 83% está en prisión preventiva.
Esto ha generado una situación de hacinamiento en las cárceles, que llega a una tasa cercana al 300% de su capacidad instalada

Las estadísticas penitenciarias del continente ubican a Bolivia como el tercer país con cifras más críticas en tema de hacinamiento carcelario -por debajo de Haití y El Salvador- y como el primer país de la región con índices más altos de presos sin condena.

Una de las razones de esta situación es que el Estado boliviano ha venido implementando algunas medidas de política criminal orientadas a responder al discurso de seguridad ciudadana, con medidas de "mano dura”, de corte punitivo, como el incremento de penas, la creación de nuevos tipos delictivos y la restricción al uso de medidas cautelares sustitutivas al encarcelamiento.

La aprobación del nuevo Código de Procedimiento Penal, el 25 de marzo de 1999, mediante la Ley 1970, implicó uno de los mayores cambios en el sistema de enjuiciamiento penal, transformando un sistema inquisitivo a uno de tipo acusatorio, garantista y oral.
Dicha ley, inicialmente, estableció que la aplicación de la detención preventiva tendrá un carácter excepcional y sólo debería cumplir fines procesales, para asegurar la averiguación de la verdad: evitar la fuga del imputado y la obstrucción de la investigación.

El procedimiento penal reformado también amplió la gama de medidas cautelares aplicables al imputado, dando mayores posibilidades para que el imputado se defienda en libertad a través de la inclusión de medidas sustitutivas, como el arresto domiciliario, la obligación de presentación periódica, la prohibición de salir del país, la fianza juratoria, personal y real, etc.
Esta fue, sin duda, la mayor reforma democrática de la justicia, ya que se fundó en la vigencia de las garantías constitucionales del ciudadano: presunción de inocencia, debido proceso y derecho a la defensa.

Sin embargo, al poco tiempo de la vigencia plena del nuevo Procedimiento Penal, en el país se abre un debate público –que dura hasta el presente- cuestionando el espíritu garantista del procedimiento penal reformado y el alcance de las medidas cautelares.
Se asienta en la percepción del público la idea de que la reforma procesal penal era demasiado complaciente con los imputados y que había que endurecer la norma. Mediante Ley 2494 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, en agosto de 2003, se aprueba un incremento de penas, así como se insertan algunas restricciones al régimen de medidas cautelares, retornando a criterios subjetivos y discrecionales sobre la peligrosidad social del imputado.

Pese a que la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, aprobada en febrero de 2009, en su artículo 23, constitucionaliza el garantismo al definir que la detención sólo persigue "asegurar el descubrimiento de la verdad histórica”, es decir, fines procesales, en los últimos años se ha aprobado al menos 15 nuevas leyes regresivas y punitivas.

Se han venido aprobando una serie sucesiva y dispersa de nuevas leyes, que han ido creando situaciones –casi casuísticas- de excepción a la regla. Así, bajo la ideología de leyes duras y penas altas, se ha desdibujado el espíritu democrático y garantista que inspiró a la reforma procesal penal boliviana, con graves consecuencias para los derechos ciudadanos y con muy poca efectividad.

Empíricamente está demostrado su fracaso, ya que la mano dura no ha logrado la reducción de la criminalidad. Si el país quiere atacar el problema del hacinamiento en las cárceles debe trabajar en sus causas y no sólo en atenuar sus consecuencias.

Ramiro Orías es abogado magíster en estudios internacionales, especialista en derechos humanos y reforma judicial, director ejecutivo de la Fundación Construir.

Tomado de paginasiete.bo