EDUARDO BOWLES
Mucha tela para cortar ayer en la conmemoración de los 34 años de la recuperación de la democracia. Algunas críticas para el “proceso de cambio” y lo que algunos creen que ha sido un retroceso en la marcha iniciada en 1982. Por supuesto, los voceros del Gobierno defendiendo las “grandes conquistas” de la “refundación” del país y por tanto, la reinvención del sistema democrático. El vicepresidente no podía quedar ausente con su clásica agresividad y tildó de “ignorantes” a los que aseguran que Bolivia está viviendo una dictadura. Esa respuesta habla por sí sola y no deja lugar a dudas.
Los que defienden una supuesta evolución de la democracia ponderan la aprobación de leyes que contemplan nuevos derechos, que contemplan a los excluidos, a los discriminados, como los indígenas y campesinos por ejemplo, sectores que supuestamente han avanzando sustancialmente en calidad de vida. También se destacan las conquistas de las mujeres, los niños y los trabajadores, aunque habría que ver si la letra coincide con la realidad. En honor a la verdad, Bolivia siempre ha tenido excelentes leyes, pero nadie las cumple ni las hace cumplir.
Los que atacan se refieren a la persecución, a los exiliados y encarcelados por causas políticas; a los ataques a la libertad de expresión y los atropellos a las leyes, especialmente los cometidos para garantizar el prorroguismo del poder más allá del tiempo y los límites permitidos por la constitución.
Ambas posturas pueden ser discutibles y admitir toda clase de sesgos y miradas complacientes en un caso e inquisidoras en otros. Pero sin duda alguna, hay tres aspectos que miden la calidad de una democracia y que nos permiten llegar a una conclusión sobre el estado en el que se encuentra Bolivia. Estas categorías de análisis son: autoritarismo, corrupción y justicia.
En el primer caso, no vamos a realizar ninguna afirmación definitiva, simplemente preguntaremos ¿Cómo se toman las decisiones en el actual gobierno? ¿Es permitida la discusión y la disidencia dentro y fuera del partido gobernante? ¿Tiene el Congreso un rol fundamental en la fiscalización de las acciones del Órgano Ejecutivo? ¿Se respetan las distintas instancias regionales y locales en el manejo de recursos y la gestión? ¿Cuál es la proporción de decisiones que se han tomado por decreto en los últimos años? ¿Se respetan la división de poderes, el pluralismo político y la libertad de opinión?
Respecto del segundo caso, la corrupción, no vamos a hablar de ninguno de los grandes escándalos, pero caben algunas preguntas ¿Cuál ha sido el mecanismo más frecuente para la contratación y compra de bienes y servicios en la administración pública? ¿Funcionan como deberían el Congreso, la Contraloría, el Ministerio Público y otras instancias llamadas por ley para vigilar la gestión gubernamental? ¿Se pueden conocer los detalles de los contratos que firman las autoridades con empresas y gobiernos extranjeros? ¿Es posible detallar todo lo que se gasta en viajes, publicidad, viáticos y otros aspectos “políticos?
Sobre la justicia no vamos a formular nada específico y solo nos remitiremos a las declaraciones del propio gobierno que asegura que “todo está podrido”. No hace falta más constatación.
Tomado de eldia.com.bo