OVIDIO ROCA
Durante los últimos años, los ciudadanos de la ALBA, por no asumir muestras responsabilidades, por desidia y luego por temor, hemos ido delegando y perdiendo nuestros derechos ciudadanos. Ahora muchas personas creen, que los gobernantes y funcionarios públicos son los exclusivos dueños del Estado y de sus instituciones y que de su buena voluntad depende que podamos recibir los servicios y garantías que presta, servicios que en cualquier otra sociedad forman parte de las obligaciones del mismo.
Vivimos además, en Estados que han convertido la Justicia en un instrumento de control político y amedrentamiento, y dedican su esfuerzo normativo a producir una avalancha de normas y disposiciones que frenan la libertad de las personas, la libertad económica y entraban el comercio lícito.
Se percibe en la gestión pública una generalizada corrupción e incompetencia que genera pésimos resultados, inseguridad y anarquía y por ende las inversiones – motor del progreso y del empleo- se reducen, y la producción, especialmente la agroalimenticia, decae.
En esencia, tenemos gobiernos populistas cuya única visión y obsesión es la política, el control del poder y poco les preocupa la eficiencia en la gestión gubernamental.
En consecuencia no existe, como en muchos otros países exitosos, inclinación por la meritocracia ni exámenes de oposición para optar a los cargos públicos. Aquí para ser electos y asumir funciones en el aparato del Estado, no se exigen requisitos de idoneidad. Para ser Presidente, conducir al Estado y firmar Decretos que afectan la vida de la ciudadanía, no es requisito ser un estadista. Lo mismo pasa con los parlamentarios, que no requieren tener ninguna formación cuando de ellos dependen en gran medida los derechos y la seguridad de los ciudadanos.
Parodiando un “estudio de caso” imaginemos al Estado como una Cooperativa de Servicios constituida por los ciudadanos para que ésta les proporcione protección y justicia y para que proteja sus derechos de propiedad. Para cumplir con esto, los ciudadanos delegan el monopolio del uso de la fuerza y pagan sus servicios en forma de impuestos.
El problema viene cuando los funcionarios de la Cooperativa-Estado, descubren las delicias del poder y las posibilidades de satisfacer sus ansias de riqueza, de control y dominio que les da su situación dentro de la Cooperativa, y en consecuencia deciden cambiar las reglas de juego para tomar el poder total y de forma permanente. Y entonces en lugar de servir a los socios-propietarios, en lugar de lograr resultados de progreso, seguridad y desarrollo para los ciudadanos-dueños de la empresa- los excluyen, persiguen y amedrentan.
Aprovechan y usan el aparato administrativo, normativo y electoral para hacerse del control, quitándolo a los ciudadanos-dueños. Para esto, los funcionarios usan dispendiosamente los recursos económicos, los mediáticos, la información y potencian los sistemas de espionaje y del poder coercitivo.
Burocratizan la Cooperativa-Estado, inflan la planilla y contratan a sus partidarios, para que les apoyen en su afán de perpetuarse en el poder.
Extrañamente la población que sufre todas estas calamidades, en lugar de unirse y buscar la sana alternancia en el Gobierno, ilusionada por las promesas, prefieren apoyar al líder mediático y populista y no al Estadista capaz de conducir al país hacia un futuro de prosperidad y paz social.
Hobbes, teórico del Contrato Social y del Estado Civil, nos dice que “los límites de la obediencia política residen en la capacidad del Estado para protegernos; si efectivamente fuéramos protegidos, entonces estamos obligados a obedecer; si el Estado falla en su obligación de protección, entonces dejamos de tener el deber de obedecer”.
Como propietarios de la Cooperativa-Estado, deberíamos ser capaces de ponernos de acuerdo para rescatar nuestra Cooperativa, y para despedir a los actuales empleados por abuso de confianza, ineficiencia y corrupción.
ovidioroca.wordpress.com