RICARDO PAZ
No se puede definir como democracia a un sistema de gobierno en el que la renovación de las autoridades es administrada por alguna de las agrupaciones que disputan el poder. La existencia de tribunales electorales imparciales es un requisito y no un adorno para la vigencia plena del modelo democrático. Un árbitro equidistante a las fuerzas en disputa resulta imprescindible para garantizar el respeto a los resultados que emanen de la voluntad de la ciudadanía.
En Bolivia, el denominado Órgano Electoral Plurinacional (OEP), compuesto por el Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Electorales Departamentales, no está constituido por miembros imparciales: todos sus integrantes fueron seleccionados y designados por la mayoría calificada de más de dos tercios del partido oficial en la Asamblea Legislativa. Ése no fue un acto ilegal; el MAS tenía el derecho de hacer lo que hizo, ya que la normativa se lo permitía, pero definitivamente no fue un acto democrático. La esencia de la democracia es el Gobierno de la mayoría, pero también el respeto a las minorías. Sobre todo en materia electoral, porque mayoría y minorías son condiciones pasajeras en el modelo democrático.
Lo ideal era, obviamente, nombrar a los componentes de los tribunales electorales por consenso, recogiendo lo mejor de la tradición política boliviana, que en épocas pasadas buscó y encontró personalidades idóneas e intachables, alejadas del interés partidario circunstancial y que representaron una garantía inapreciable para confiar en los resultados de las elecciones. No se hizo aquello y se prefirió la prepotencia al acuerdo, la imposición a la concertación y hoy nos encaminamos a las segundas elecciones generales presididas por una institución cuestionada en su ecuanimidad.
No se discute la capacidad, integridad, honradez u otros atributos de índole personal de los actuales integrantes de los tribunales electorales; no tenemos elementos para aquello ni planteamos que éste sea el meollo del asunto; aquí lo que está en debate es la imparcialidad inexcusable que se requiere para que el OEP pueda conducir el proceso electoral con legitimidad y la aceptación de todas las partes.
Para los próximos días se anuncia la presentación, precisamente por parte del OEP, de la nueva Ley de Organizaciones Políticas (LOP), cuyo objetivo primordial es ajustar la legislación de las mediaciones políticas al nuevo andamiaje constitucional. Hasta donde se conoce, para elaborar el anteproyecto, se ha consultado a muchos expertos e interesados en la temática. Esta buena señal de apertura podría ser aprovechada para remediar lo que se hizo de manera equivocada hace años: a tiempo de discutir y aprobar la nueva LOP, se podría seleccionar y designar de manera concertada entre todas las fuerzas políticas y la ciudadanía organizada a nuevos integrantes de los tribunales electorales, probados en su ponderación, ecuanimidad e imparcialidad. Sería un paso enorme y definitivo para garantizar un proceso electoral impecable y el respeto unánime a los resultados que emita el OEP.
Por el contrario, si tenemos nueva LOP, pero no renovamos y legitimamos al OEP, las dudas y temores acerca de lo que pueda suceder en los próximos meses con la campaña electoral y sobre todo después, cuando se produzcan los resultados de los comicios, se incrementarán hasta niveles que pongan en riesgo la propia legitimidad de las elecciones.
La transparencia que debe haber en la administración del padrón biométrico, la necesidad de establecer un sistema confiable para el voto de los bolivianos en el exterior y la impostergable reasignación de escaños de diputados a los departamentos, obligan a que nos dotemos de un OEP en el que todos confiemos. La responsabilidad está en la Asamblea Legislativa, por supuesto, pero sobre todo en quiénes hoy día determinan su accionar: el partido de Gobierno. Pronto viviremos uno de esos momentos en que, una vez más, se definirá el curso y el destino de nuestra democracia.
Ricardo Paz es sociólogo.
Tomado de paginasiete.bo