WALDO TORREZ
La decisión del Ejecutivo de construir el camino por el TIPNIS vulnerando sus propias disposiciones, recuerda la distinción capital entre un buen y un mal gobierno, el que se establece tomando como criterio el buen o mal uso del poder, donde por mal uso se entiende tanto el abuso como la ausencia de poder, es decir, fuera de los límites fijados por las leyes.
Hecho recurrente en nuestra historia política ha sido el abuso del poder producto de nuestra democracia delegativa, como consecuencia, la tendencia del Ejecutivo es a gobernar con inclinación individualista, de superhombre, capaz de situarse por encima de los conflictos, aislándose del resto de las instituciones y convirtiéndose en el único irresponsable de los aciertos y errores, en concreto sin límites precisos y como tal, impredecibles.
Lo paradójico de este Gobierno en particular, es que tiene conductas tanto de exceso como de defecto de poder, ambos están asociados a su ineptitud. El defecto proviene de su incapacidad, no tanto del mal uso del poder sino del no uso, su indolencia y tolerancia en el tema minero es el ejemplo. El Ejecutivo no logra, bien por debilidad, o bien por condescendencia, ejercer el poder que el pueblo le ha atribuido. En este caso, por su deficiencia para el mando, incumple con su deber fundamental de proporcionar el principal fin del Estado: orden interno y externo. El impacto en la población se intenta disimular con la difusión demagógica de consignas retrógradas, o trasfiriendo la culpa a la derecha, a EEUU o al neoliberalismo.
El exceso de poder en cambio, convierte al régimen en autoritario, resuelve los problemas no aumentando la capacidad del Estado para solucionar los conflictos, sino comprimiendo las demandas de los ciudadanos y de los grupos mediante la supresión. Las divisiones, los chantajes, las extorsiones intentadas contra los indígenas del TIPNIS son el ejemplo de las soluciones autoritarias y abusivas del poder.
Por esto, no es casualidad que allí donde la solución es forzada, surge la ingobernabilidad como producto del mal uso del poder, de la ineptitud del sistema político en determinar la diferencia entre demanda y respuesta.
Se constata así, que la ineficiencia del Ejecutivo Estatal es ya una constante. Pretender consolidar decisiones unilaterales por encima de los principios que consagran la legalidad y la legitimidad, persistiendo en el autoritarismo secante, resultará en un desafío creciente a la rebelión y obligará al Gobierno a negociar bajo el apercibimiento de perder cada día más poder, pues la tolerancia política termina justo allí donde comienza el abuso del poder.
Tomado de opinion.com.bo